Mientras en América Latina 30 de cada 100 trabajadores son mayores de 65 años, en Bolivia ese promedio pasa de 56, y es el país más complicado pues denota falencias en su sistema de jubilación y no se da lugar a un recambio en la fuerza laboral.

Según información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2022 la tasa de participación en el mercado laboral de esta población adulta fue de 28,7% en América Latina, mientras que en los países de altos ingresos o desarrollados fue de un 11,9%.

“En Latinoamérica hay casos extremos, como Bolivia, donde la participación laboral de los adultos mayores es del 56,5%, mientras que, en Perú, llega al 48,5%”, señalan los datos de la OIT recopilados por Bloomberg.

Mientras en los países desarrollados llegar a la edad adulta es sinónimo de descanso después de una larga vida productiva y se accede a una pensión, en América Latina los mayores de 65 no tienen ese mismo destino, o si lo tienen no lo toman pues lo consideran insuficiente y lo rechazan.

Esto explica, según la OIT, que en los últimos 30 años la tasa de participación laboral de las personas mayores de 65 años se mantuvo cercana al 30% y porque en Bolivia pasa del 55% y en Perú esta cerca del 50%.

En la región el 34,5% de los mayores de 65 años no tiene ningún tipo de ingreso laboral ni pensiones, de acuerdo con la OIT, a esto se le denomina “deterioro de la cobertura de protección social en la vejez”. En Latinoamérica, un 46,8% de los mayores de 65 años recibe solo una pensión, un 5,1% recibe ingreso laboral y pensión, mientras que 13,6% reporta solo ingreso laboral. Otros países con altas tasas de participación laboral de los mayores de 65 años son Ecuador (38,1%), seguido por Guatemala (36,3%) y Paraguay (35,4%), donde superan el 30%, cuando el promedio en Latinoamérica es de 28,7%.

BOLIVIA.

En Bolivia son varios los estudios que explican porque hay una gran cantidad de personas mayores de 65 años que deciden seguir trabajando. Uno de los primeros aspectos es el fenómeno de la informalidad laboral, donde están inmersos más del 70% de los bolivianos en edad de trabajar.

Es decir, este grupo no tiene seguros, menos tendrá una jubilación y por eso siguen tranbajando. Otro de los factores es que el Estado es tradicionalmente uno de los mayores empleadores en el sistema formal. Y son las entidades autárquicas, como las universidades, el sistema de salud (médicos) de educación (profesores), seguridad (militares y policías), y el sistema subnacional, como las alcaldías y gobernaciones, las que concentran trabajadores sin límites de edad. Se calcula que en Bolivia entre el 60% y el 70% de la formalidad la aporta el Estado y, por dentro, una gran cantidad de empleados pasan de los 65 años.

Reportes periodísticos sostienen que hay médicos que tienen más de 65 años, pero siguen en sus puestos; profesores de universidad o de colegio que todavía tienen su puesto laboral sin ningún tipo de control. Lo peor de todo es que este fenómeno viene acompañado de un sistema de jubilación poco atractivo, por tanto, la mayoría de estas personas deciden seguir en sus fuentes laborales y no se jubilan, porque las pensiones son muy bajas. Por eso, y otros factores más, hay tantos trabajadores mayores de 65 años.

En este contexto, el viceministro de Pensiones, Franz Apaza, informó que la cantidad de personas jubiladas creció de 30.000 a 220.000 por efecto de la Ley 065, promulgada en 2010, que impulsa un fondo solidario. “Ha crecido en seis veces la cantidad de jubilados en nuestro país”, dijo a La Razón.

Informó que, de los 220.000 jubilados, 17.800 siguen trabajando, es decir, un 8%. “Esas personas no van a perder sus fuentes laborales porque esta ley no establece como causal de despido la edad”.

Explicó también que hay 10.211 personas mayores de 65 años que todavía no se jubilaron, pese a taner todas las condiciones y requisitos para hacerlo.

DEBATE.

Con este panorama y con la presentación de un proyecto para hacer ajustes en la Ley de pensiones, en los últimos meses en Bolivia se abrió el debate sobre una ‘necesaria o forzosa’ jubilación a los 65 años.

En la propuesta del Gobierno, se sugiere aplicar evaluaciones psicológicas y físicas, entre otras, para determinar si estas personas pueden seguir trabajando o comienzan a jubilarse.

Actualmente, los bolivianos pueden jubilarse a partir de los 58 años, pero pocos asumen esta determinación por las bajas pensiones a las que acceden.

El viceministerio Apaza, aclaró que el Proyecto de Ley 035, de modificación a la Ley de Pensiones 065, no ordena en ninguna de sus líneas la “jubilación forzosa o jubilación a los 65 años de edad”.

Al contrario, dijo que lo que propone es mejorar las pensiones con incrementos de hasta 1.000 bolivianos y fortalecer el financiamiento del Fondo Solidario.

Pero la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) y el Magisterio Urbano rechazaron el proyecto de ley y realizaron movilizaciones en rechazo de una presunta “jubilación forzosa” y en demanda de una “jubilación del 100%”.

De hecho, en las últimas semadas frealizaron sendos paros de labores de 24 y 72 horas.

Apaza lamentó que “algunos dirigentes” hayan difundido información falsa sobre la modificación a la ley de pensiones.

Con este panorama Bolivia se encuentra frente a un gran problema, porque mientras más gente mayor de 65 años siga dentro del mercado laboral, menos chances habrá para incorporar a los jóvenes prefesionales del país que esperan una oportunidad.

Cada día mueren más de 7.100 trabajadores por enfermedades laborales

La salud y la vida de los trabajadores es una preocupación en todo el mundo. Datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) establecen que cada año cerca de tres millones de trabajadores mueren por accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo. Es decir, unos 8.200 cada día.

La mayoría de estas muertes relacionadas con el trabajo, un total de 2,6 millones, se deben a enfermedades que aquejan al trabajador. Eso quiere decir que cada día mueren unos 7.123 trabajadores por males y una gran mayoría de los afectados son adultos mayores.

Otros más de 330.000 trabajadores pierden la vida en accidentes laborales cada año, esto quiere decir como 1.000 cada día.

Los datos de la OIT muestran que la mayor proporción de muertes actuales relacionadas con el trabajo (86 por ciento) son causadas por enfermedades.

Entre las principales causas de mortalidad entre los trabajadores están las enfermedades del corazón, cardíacas o circulatorias, con el 31 por ciento; después están los diversos tipos de cáncer relacionados con el trabajo, con 26 por ciento; y en tercer lugar están las enfermedades respiratorias, con 17 por ciento.

Si se trata de enfermedades o accidentes que no llegan a muerte, los datos muestran que cada año más de 374 millones de personas sufren lesiones o males a causa de hechos relacionados con el trabajo en el mundo.

Se estima que la pérdida de días de trabajo debido a causas relacionadas con enfermedades laborales representa casi cuatro por ciento del PIB mundial y, en algunos países llega incluso al seis por ciento, señala la OIT.

El reporte de la OIT añade también que son más los hombres que mueren por incidentes relacionados con el trabajo (51,4 por 100.000 adultos en edad laboral) y las mujeres menos (17,2 por 100.000 adultas en edad de trabajar). La región de Asia y el Pacífico registra la mayor mortalidad relacionada con el trabajo (63% del total mundial) debido al tamaño de su población trabajadora.

Entre los sectores más peligrosos para el trabajo están la agricultura, la construcción, la silvicultura, la pesca y la industria manufacturera, con 200.000 accidentes mortales al año, lo que representa el 63%.

Para impulsar los esfuerzos mundiales destinados a garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable, la OIT sostiene un plan denominado Estrategia Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo para 2024-2030. El objetivo es dar prioridad al bienestar de los trabajadores en consonancia con la dedicación de la OIT a la justicia social y la promoción del trabajo decente en todo el mundo.

La estrategia anima a los miembros de la OIT a actuar sobre tres pilares: Primero, mejorar los marcos nacionales de seguridad y salud en el trabajo mediante una mayor gobernanza, la promoción de datos fiables y el desarrollo de competencias.

En segundo lugar, reforzar la coordinación, las asociaciones y la inversión en seguridad laboral a escala nacional y mundial y, en tercer lugar, mejorar los sistemas de gestión en el lugar del trabajo mediante la promoción de los principios OIT-OSH 2001, el desarrollo de orientaciones que transformen la perspectiva de género y su adaptación a los peligros, riesgos, sectores y ocupaciones específicos de cada trabajo. /La Razón