Caen en Beni dos chinos y cuatro bolivianos que se dedicaban a la minería ilegal
Dos de los seis aprehendidos por minería ilegal en Beni
fueron sorprendidos “in fraganti” en los ríos Kaka y Beni, según el ministro
Del Castillo.
La Policía Boliviana aprehendió a seis personas que se
dedicaban a la minería ilegal en el río Kaka; cuatro de ellos son bolivianos y
los otros dos son chinos. La información fue confirmada por el ministro de
Gobierno, Eduardo del Castillo, en su cuenta de Twitter.
“La Policía Boliviana en cumplimiento a las funciones de la
Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en coordinación y
cooperación con la Armada Boliviana, logró la aprehensión de seis personas, dos
de nacionalidad china”, escribió la autoridad.
Dos de ellos fueron encontrados “in fraganti” en la
actividad ilícita en inmediaciones de los ríos Kaka y Beni, en ese
departamento.
Los ahora detenidos son Zhanxin L., Jianming Y., Rubén C.,
Benito M., Gabriel R. y Karen M. Todos ellos serán procesados por la presunta
comisión del delito de explotación ilegal de recursos minerales.
Las seis personas serán puestas a disposición de las
autoridades judiciales, que definirán su situación jurídica.
El operativo que permitió la captura de los ya nombrados es
parte de las tareas conjuntas entre la Autoridad Jurisdiccional Administrativa
Minera (AJAM), en coordinación y cooperación con la Armada Boliviana.
En julio, otro gigante operativo, también en Beni, en contra
de ese ilícito terminó con la aprehensión de 57 personas implicadas con esa
actividad ilícita.
1/3 Comunicamos al pueblo boliviano que, la Policía Boliviana en cumplimiento a las funciones de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en coordinación y cooperación con la Armada Boliviana, logró la aprehensión de seis personas, dos de nacionalidad china y... pic.twitter.com/XHymcQaaW3
— Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) August 27, 2023
La AJAM explicó que la minería ilegal es un delito de orden público previsto y sancionado con una pena de cuatro a ocho años de reclusión.
Fuente: La Razón