La residencia de Dina Boluarte fue allanada por las fuerzas policiales en la madrugada del sábado como parte de una investigación preliminar llevada a cabo por la fiscalía debido a sospechas de enriquecimiento ilícito. Este operativo se realizó a raíz de la presunta posesión y uso de relojes Rolex por parte de la presidenta, los cuales no habrían sido declarados como parte de su patrimonio.

El allanamiento, autorizado por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a pedido del Fiscal de la Nación, contó con la participación de alrededor de 40 agentes y fiscales. Su objetivo principal fue registrar la vivienda y confiscar los mencionados relojes cuya procedencia y adquisición no han sido debidamente explicadas por Boluarte.

La investigación sobre el posible delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración en documentos públicos inició el 18 de marzo, luego de que una denuncia periodística señalara la existencia de una colección de relojes de lujo que la presidenta no había incluido en sus bienes.

La acción conjunta de la fiscalía y la policía fue televisada, mostrando cómo los agentes rodearon la residencia en el distrito de Surquillo, en Lima, bloqueando el tráfico vehicular en las calles circundantes.

La intervención se llevó a cabo después de que la fiscalía rechazara la solicitud de Boluarte para postergar una citación fiscal destinada a mostrar los relojes y sus respectivos comprobantes de compra.

Si Boluarte resulta acusada en este caso, no podrá ser sometida a juicio hasta que concluya su mandato en julio de 2026, según lo establecido por la Constitución, aunque puede continuar siendo investigada. No obstante, el escándalo podría desencadenar un proceso de destitución desde el Congreso bajo el argumento de "incapacidad moral", lo cual requeriría una alianza entre las bancadas de derecha y de izquierda, una tarea complicada.

Durante el allanamiento, la presidenta no se encontraba en su domicilio, y aún no ha habido una respuesta oficial por parte de la presidencia peruana. El escándalo surgió a raíz de un reportaje periodístico que reveló el uso de los relojes Rolex por parte de Boluarte en funciones oficiales desde su periodo como vicepresidenta, alegando que son producto de su esfuerzo personal. En respuesta, la Contraloría de la República anunció que revisaría nuevamente las declaraciones de bienes de Boluarte en busca de posibles desbalances patrimoniales.