El comunicado emitido por la Procuraduría General del Estado rechaza la determinación del Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto, que se declaró incompetente para juzgar a Jeanine Añez por el caso de las muertes en Senkata. La Procuraduría considera que Añez fue reconocida como presidenta y, por lo tanto, debería ser sometida a un juicio de responsabilidades.

El comunicado de la Procuraduría exige a las autoridades competentes tomar legales para revertir el fallo y, si es necesario, tomar acciones disciplinarias o medidas judiciales contra aquellos que actuaron en contra de la legalidad y el sentido común.

La entidad estatal también menciona su intento de ser parte del proceso relacionado con la Masacre de Senkata, enfatizando su deber institucional de defender los intereses del Estado. Sin embargo, señalan que las autoridades pertinentes negaron su participación en el proceso.

A pesar de esto, el comunicado indica que se llevarán a cabo acciones para restaurar el principio de legalidad, el debido proceso y la selección del juez natural en la tramitación de esta causa. Se considera que la decisión judicial fue perjudicial y contraria a la lógica jurídica, especialmente cuando instancias judiciales previas habían definido la vía ordinaria de juzgamiento.