Por Raúl Kollmann

En un nuevo gesto de alineamiento con Estados Unidos y, en especial con la derecha norteamericana, el gobierno de Javier Milei autorizó el decomiso del Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur (Empresa de Transporte Aerocargo del Sur) sin continuar con el trámite legal que estaba en marcha. El aparato partió de Ezeiza en la madrugada del lunes, a la 1.21, y aterrizó en un aeropuerto de La Florida, Dade-Collier, a 80 kilómetros de Miami. El visto bueno del Ministerio de Justicia y del juez que tramitó el exhorto de Estados Unidos, Federico Villena, permitió la maniobra, pese a que estaba prevista una audiencia judicial el 19 de febrero para tratar la apelación al decomiso. Washington se llevó el avión sin que exista ningún delito penal, dado que se probó que llegó a Ezeiza trayendo autopartes de Volkswagen. Pero EE.UU. reclamó el Boeing porque, supuestamente, se violó una norma del Departamento de Comercio norteamericano: un aparato fabricado en Estados Unidos no se puede transferir sin autorización de ese país y el 747-300 -avión en desuso, de operación carísima-, pasó de su comprador original, Francia, a Irán, y de Irán a Venezuela. Esas normas de EE.UU. no constituyen delito en la Argentina y por lo tanto había margen para rechazar el decomiso pedido por Washington. Pero la Casa Rosada, obviamente, decidió obedecer a la Casa Blanca.

De noche

Desde hace varias semanas que vienen circulando rumores de que Estados Unidos se llevaría el avión. Finalmente ocurrió de manera asombrosa:

El avión despegó de Ezeiza en la madrugada.

Voló inicialmente con matrícula venezolana, pero identificado como Tyson23 o sea ocultando que se trataba del avión de Emtrasur.

Al pasar por Tucumán hacia el Pacífico apagaron el trasponder que es el sistema de comunicaciones.

Aparentemente sobrevoló Colombia como si fuera un avión militar.

Aterrizó en Estados Unidos, en un aeropuerto de La Florida, Dade-Collier, antes del mediodía del lunes. Es un aeropuerto de entrenamiento.

Las autoridades norteamericanas, obviamente, emitieron varios comunicados triunfantes: “Mahan Air (la empresa iraní que le vendió el avión a Venezuela) violó nuestras restricciones de exportación. Ahora es propiedad del gobierno de los Estados Unidos”, sostuvo Matthew Axelrod, subsecretario de Control de Exportaciones.

“Robo descarado”

El gobierno venezolano calificó la maniobra como “un robo descarado” y “una confabulación entre los gobiernos de Estados Unidos y la Argentina”.

El avión había aterrizado en Ezeiza el 6 de junio de 2022 trayendo repuestos de VW desde México. Dos dirigentes del PRO -el multidenunciado Gerardo Milman y Ricardo López Murphy- se presentaron en la Justicia aduciendo que el vuelo podía esconder una operación terrorista. Tras cartón, también la DAIA se asoció a la denuncia. Después de varias inspecciones, cualquier delito quedó descartado y los tripulantes -catorce venezolanos y cinco iraníes- fueron absueltos o se les dictó la falta de mérito. Todos volvieron a sus países.

Quedaba la cuestión del avión mismo y los abogados de la embajada de Venezuela en la Argentina, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, pidieron que el aparato fuera devuelto por la inexistencia de delito.

Intuyendo que no había ninguna imputación penal, las autoridades de EE.UU. se pusieron en marcha y un juez de Columbia, Randolph Moss, ordenó el decomiso del Jumbo por violar la norma del Departamento de Comercio que exige autorización norteamericana para transferir un aparato fabricado en ese país. Cuando Francia le vendió a Irán el 747 no pidió ninguna autorización y tampoco Irán cuando se lo vendió a Venezuela. Washington adujo que el Boeing fue utilizado por Irán para transportar armas. En cualquier caso, eso no era atribuible a Venezuela.

La trama política-judicial

Entre la Argentina y Estados Unidos rige un convenio de asistencia judicial, por lo cual los norteamericanos pidieron que se aplique y cumpla con la orden del juez de Columbia. El planteo se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández. El entonces presidente transitó un camino intermedio: no convalidó el decomiso, pero tampoco le devolvió el avión a Venezuela. Se jugó a ganar tiempo, confiando en que la Justicia resolvería el entuerto. Es evidente que no quiso otro conflicto con Estados Unidos o que se lo tildara de favorecer a Irán o a Venezuela.

“Se cometió una barbaridad judicial -sostuvo Rusconi-. Esto arrancó con infundadas sospechas sobre el vuelo hacia la Argentina y se probó que no hubo ningún delito. Por lo tanto, debió liberarse el aparato. Estados Unidos intentó justificar la existencia de una causa, pero no era de índole penal, por lo tanto nunca debió usarse el convenio bilateral de asistencia judicial. Ese convenio sólo rige para casos penales. Seguiremos la batalla judicial”, redondeó el abogado. En el expediente estaba prevista una audiencia de apelación el 19 de febrero, de manera que los estadounidenses, en complicidad con el Gobierno, se llevaron el avión sin respetar el trámite judicial. Una vez más se demuestra que predominan la política y la fuerza, en especial cuando Washington está de por medio.

Rumores fundados

En las últimas semanas llegaron a la Embajada de Venezuela en la Argentina versiones de que el avión se estaba moviendo en Ezeiza y que se habían probado los motores. Como Venezuela es el legítimo dueño de la aeronave (así consta en la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI), se presentó en el aeropuerto un funcionario diplomático, José Jatar Díaz, quien le pidió a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que lo autorice a ver el 747. Previo paso por la Policía Aeroportuaria, que lo revisó, en un vehículo de la ANAC se acercaron al aparato y se encontraron allí con un secretario del juzgado, funcionarios del FBI y de la Embajada de EE.UU. Jatar Díaz hizo un registro fotográfico del Boeing y minutos más tarde llegó un jefe de la PSA y ordenó la retención del diplomático, con el burdo argumento de que estaba en zona no permitida.

Jatar Díaz estuvo retenido nueve horas, violando la Convención de Viena, y luego el gobierno de Milei lo declaró persona no grata. Le dieron 48 horas para abandonar el país. Es evidente que Jatar Díaz había presenciado un adelanto de lo que Washington y la Rosada habían pactado: llevarse el avión sin cumplir con el proceso judicial.