La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que arribó a Bolivia el pasado 27 de marzo para verificar la situación de los derechos humanos en el país, concluyó hoy viernes, 31 de marzo, su visita a territorio nacional. Y lo hizo con un informe de hallazgos preliminares, resumidos en siete puntos. Uno de los más sonados hizo foco en la falta de acceso a la Justicia, la cual fue atribuida a dos razones: falencias normativas y debilidades institucionales y ausencia de independencia judicial.

De acuerdo a la CIDH, históricamente, en Bolivia, la Justicia “se ha manejado de manera instrumental, dependiendo de los intereses del poder político en turno”, según coincidieron los actores entrevistados en su visita in loco, también conocida como in situ.

Esto lleva a contar con excesivas detenciones preventivas, personas con sentencia cumplidas sin orden de libertad, dificultades para acceder a la libertad anticipada y un retardo procesal, sobre todo contra mujeres, niñas y adolescentes, indicaron.

Ante esto, la CIDH concluyó: “A todos los sectores de la sociedad boliviana les beneficiaría una profunda reforma del sistema de Justicia, que garantice una plena y efectiva independencia judicial para alcanzar la consolidación de un Estado de derecho”.

La delegación recibió información sobre la falta de independencia judicial, debilidad institucional, ineficiencia y falta de transparencia en el sector de Justicia.

Ante ello, indicó que el nombramiento y selección de magistrados debe estar enmarcada en la objetividad. Lamentaron que el 47% de jueces no son de carrera. “Esto compromete la independencia judicial”, indicaron desde el ente supranacional. 

VISITA Y HALLAZGOS

Durante este tiempo, la delegación se reunió con víctimas de violaciones de derechos humanos en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Sucre, con el objetivo de “escuchar distintas voces” en materia de derechos humanos. 

La CIHD visitó Bolivia en 2006 y producto de ello publicó un informe en el que se resaltaron desafíos para el Estado boliviano. En 2009, el ente difundió un informe de seguimiento, donde “ya había notado un complejo proceso de conflictividad social” en Bolivia.

De acuerdo a la delegación, 17 años después, la comisión observó “avances” en materia de inclusión y participación social “sin precedentes” y también identifico aspectos preocupantes en materia de violencia partidista, “producto de una extremada polarización política” la cual provocó una fractura en la sociedad boliviana.

La comisión notó, además, con “profunda preocupación” la persistencia de elevados niveles de violencia de género, feminicidios, violencia sexual contra niñas y adolescentes, embarazos de niñas; además de unos escases de asesoramiento psicosocial, asistencia jurídica y refugios adecuados para las sobrevivientes.

Sobre el ejercicio del periodismo en Bolivia, la delegación manifestó su preocupación por la falta de condiciones para realizar este oficio y profesión. “Preocupa la escalada de agresiones a periodistas en los últimos años, particularmente en Santa Cruz”, señala una de las conclusiones de los hallazgos.

La Comisión estuvo liderada por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay; además de los comisionados Joel Hernández, relator para Bolivia; Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera Vicepresidenta y relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas; Julissa Mantilla Falcón, relatora sobre los derechos humanos de las mujeres; y, el comisionado Stuardo Ralón Orellana, relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad.

Como resultado de su visita, la CIDH publicará un informe que contendrá observaciones, conclusiones y recomendaciones al Estado.