La Alcaldía de La Paz entregó más de un centenar de notificaciones de demolición a familias cuyas viviendas tienen derecho propietario y se ubican en la zona Sur de la ciudad, denunciaron las juntas vecinales de al menos una docena de barrios del macrodistrito sur.

“Sin tener jurisdicción ni competencia, el alcalde de La Paz, Iván Arias, ordena la entrega de notificaciones de demolición de viviendas en áreas cuyos límites no se han establecido a través de una ley aprobada en el Legislativo”, denunciaron los vecinos afectados.

Otros de Achumani, Irpavi y Chasquipampa indicaron que, de momento, el tema de límites ediles “está irresuelto” y que, en ese marco, las acciones del municipio paceño son “ilegales”.

“Las viviendas que quiere demoler cuentan con folio real, que le otorga al vecino la titularidad sobre el dominio y la superficie del terreno, porque hay que recordar que se trata del documento de registro que demuestra que la propiedad está legalmente establecida”, precisó la abogada municipalista Doménica Peducassé.

La delimitación de municipios se inició dentro de una antigua ley y ahora está vigente la Ley 339, de Delimitación de Unidades Territoriales.

Vigente desde el 31 de enero de 2013, el artículo 31 de dicha norma establece que toda delimitación de unidades territoriales será aprobada mediante ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y eso no ha ocurrido, por lo que Arias incurre en abuso y avasallamiento.

De acuerdo con esa norma, los gobiernos autónomos departamentales deberán elaborar la planificación del procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación intradepartamental en forma coordinada y con el nivel central del Estado.

Además, la Ley 339 garantiza la participación de los habitantes para decidir la delimitación de unidades territoriales, conforme a los procedimientos establecidos por ley.

Repudio

En noviembre de 2022, miles de vecinos y organizaciones sociales de los municipios de La Paz y Palca marcharon desde distintos puntos de la ciudad contra el alcalde en protesta por la demolición de casi 200 viviendas en una docena de barrios de tres distritos.

Desde entonces, a ese repudio se sumaron los barrios de Ovejuyo, Chinchaya y Chuquiaguillo; además de transportistas, gremiales, cooperativas auríferas y juntas escolares de diferentes distritos.

Todos ellos exigen que Arias cumpla la Resolución Prefectural 121, de 2009, que establece que los gobiernos municipales de Palca y La Paz no pueden ejecutar ninguna acción administrativa, ni de fiscalización, en tanto no se resuelva el tema de límites

Sin límite de altura

La alcaldía emitió la Ley 467 de Regularización de Construcciones, que fue ampliamente observado por autorizar edificios sin límite de altura, ni de tipo de suelo, para el proceso de saneamiento.

Instituciones colegiadas de arquitectos, ingenieros, abogados, juntas vecinales, universidades públicas y privadas cuestionaron la ley.

Apegados a esa norma, en la zona Sur de la ciudad, de la circunscripción 7, se construyeron edificios muy por encima de lo permitido, a vista y paciencia de la alcaldía.

Una torre de 28 pisos fue construida en la calle 15 de Calacoto, cuando la norma dice que solo puede ser de ocho.

Hay también denuncias de vecinos sobre la comercialización irregular de departamentos ante la permisividad de la comuna paceña, por lo que se sugirió que sea la municipalidad la que oriente a la población para que no compre departamentos en construcciones fuera de norma.

Rita Paucara, la mujer aymara a la que el burgomaestre mandó demoler su hogar

Rita Paucara Pacajes, la mujer que perdió su vivienda en la que vivió por más de 25 años debido a que el alcalde Iván Arias la mandó demoler, recibió en enero ayuda humanitaria del Ministerio de Justicia.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, llegó hasta lo que fue la vivienda de Paucara en el barrio de Rosales, en Alto Achumani, y entregó a nombre del Ejecutivo alimentos, ropa, juguetes para los niños y algunos electrodomésticos para la familia que vive en carpas improvisadas junto a los escombros de lo que un día fue su hogar.

“Sé que no es suficiente frente a las pérdidas sufridas, pero esperamos que esta pequeña ayuda de labor social instruida por el presidente Luis Arce pueda ayudar a la familia”, dijo la autoridad durante la emotiva entrega.

Rita Paucara comparte su vida en el pequeño terreno de su propiedad con su anciana madre, sus tres hijas menores de edad, una nieta de cuatro años y dos fieles mascotas.

El 4 de octubre de 2022 a Rita Paucara Pacajes le demolieron su precaria vivienda.

Cuadrillas ediles llegaron a su hogar al despuntar el alba con maquinaria, pico y pala, mientras preparaba la comida que vende al mediodía a obreros y transportistas para ganarse el sustento.

Sus dos perros defendieron la casa, pero los molieron a palos. La hija universitaria fue detenida por golpear a un fornido guardia municipal, enfundado en uniforme azul, con casco negro y gafas oscuras.

Las otras niñas lloraban amargamente cuando Rita Paucara mostraba los papeles de su propiedad, que de a poco era reducida a escombros.

Ella compró su propiedad —un terreno empinado e irregular— cuatro lustros atrás, con los tristes ahorros de su sacrificado oficio.

Ella, aymara y humilde, sin estudios escolares, demostró su mejor derecho propietario a la alcaldía municipal de la zona Sur./AEP