La Gobernación de Santa Cruz Desconoce Directiva que Requiere Inclusión del Nombre de Aguilera en Obras

Luis Fernando Roca, asesor general de la Gobernación, ha afirmado que la administración actual es una colaboración entre Mario Aguilera y Luis Fernando Camacho, el gobernador electo, y que esta realidad es innegable para todos.

El comunicado emitido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, que establece que todas las obras deben llevar el nombre del gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, ha sido desconocido por el asesor general de la Gobernación de Santa Cruz, Luis Fernando Roca.

Roca ha indicado que la gestión de Aguilera es también la gestión de Camacho, ya que considera que ambos fueron elegidos conjuntamente mediante el voto democrático.

El comunicado, que fue publicado el martes, ha generado críticas y acusaciones por parte de partidarios de Camacho, quienes argumentan que la gestión de Aguilera intenta opacar y apropiarse del trabajo realizado por Camacho.

Aguilera asumió el cargo de gobernador en suplencia temporal el 26 de enero, en cumplimiento de una sentencia constitucional, debido a la ausencia de Camacho, quien se encuentra detenido desde el caso Golpe de Estado I. Ambos fueron elegidos por la alianza Creemos en las elecciones subnacionales de 2021.

"No tenemos conocimiento de ese documento. Aguilera ha dejado en claro que esta es una gestión suya como vicegobernador en ejercicio de la suplencia, y la autoridad electa es Luis Fernando Camacho; eso es indiscutible", insistió Roca.

Además, explicó que, en el acuerdo para la construcción de un hospital oncológico, el terreno proporcionado era insuficiente, lo que llevó a la necesidad de retomar negociaciones, y en las cartas correspondientes figura el nombre del gobernador en suplencia. Considera que el malentendido proviene de este hecho.

A pesar de las declaraciones del asesor, la gestión de Aguilera ha denunciado varias irregularidades en la Gobernación durante la administración de Camacho. Una auditoría realizada el 27 de febrero reveló alrededor de 40 irregularidades de naturaleza delictiva. Posteriormente, el 14 de marzo, se informó que la Gobernación heredó una deuda flotante de aproximadamente Bs 70 millones de la gestión de Camacho.