Procuraduría ha solicitado 67 millones de soles por intento de disolver el Congreso e instaurar Gobierno de excepción.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró fundadas las solicitudes de la Procuraduría General del Estado, por lo que dictaminó el embargo de los bienes del depuesto mandatario Pedro Castillo y de quien fuera primer ministro de su Gabinete, Aníbal Torres.

En forma de inscripción e inhibición, el juez Juan Carlos Checkley ordenó el embargo de cuatro propiedades del expresidente Castillo, tres de las cuales se encuentran ubicadas en Anguía, Chota, el pueblo natal del ex jefe de Estado y una en el pueblo de Tacabamba, que pertenecería a sus padres.

Mientras que, en el caso del ex premier Aníbal Torres Vásquez, se le incautarán nueve bienes: ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo. Debido a la orden, ni Castillo ni Torres podrán vender ni ceder esos bienes a terceros.

La Procuraduría General del Estado en Perú ha solicitado una reparación civil de unos 67 millones de soles (unos 18.644.083 USD) por el intento de Castillo de disolver el Congreso e instaurar un Gobierno de excepción el 7 de diciembre pasado.

A ambos líderes políticos se les investiga por el presunto delito de rebelión y conspiración en la modalidad de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en agravio al Estado.

La investigación de la Fiscalía también relaciona con estos hechos a la ex primera ministra Betssy Chávez; al extitular del Interior Willy Huerta y al exministro de Comercio Exterior Roberto Sánchez./ TELESUR