Decenas de miles de argentinos se manifestaron este miércoles por primera vez contra el Gobierno de Javier Milei y su duro recorte del gasto público en un clima de gran tensión. Buenos Aires amaneció con un enorme despliegue policial en los accesos a la ciudad y las estaciones de tren y este aumentó a medida que se acercaba el arranque previsto para la manifestación, las cuatro de la tarde. Los alrededores de Plaza de Mayo fueron blindados con antidisturbios con un objetivo claro: evitar el corte de calles y garantizar la libre circulación.

Fracasaron en ese objetivo radical. La elevada participación hizo imposible que los manifestantes caminaran solo por la acera, como quería el Gobierno. Avanzaron con pancartas y bombos por todo lo ancho de las dos avenidas que desembocan en la plaza de Mayo, epicentro de la protesta, y el tránsito tuvo que ser desviado por las calles cercanas.

“Unidad de los trabajadores”, cantaba la multitud, mientras algunos se acercaban al cordón policial para insultar a los antidisturbios y silbaban al paso de los furgones preparados por si había detenidos.

La manifestación se celebró en un ambiente tenso, pero sin violencia. Hubo sólo dos detenidos en un enfrentamiento aislado, en medio de una gran marcha pacífica convocada por más de un centenar de organizaciones. La idea original era recordar, como todos los 20 de diciembre, a las víctimas de la violenta represión que marcó el final del Gobierno de Fernando de la Rúa en 2001. Un total de 39 personas murieron y cerca de 500 resultaron heridas durante protestas multitudinarias. Sin embargo, el plan de recorte del gasto anunciado por Milei la convirtió en la primera protesta contra su administración.

El coto a los piquetes evidencia un giro de 180 grados en la respuesta estatal a una de las formas más comunes de protesta en Argentina, que consiste en bloquear calles y carreteras durante horas, a veces incluso días. En las últimas décadas, ha habido una gran tolerancia hacia estas manifestaciones y en algunas de ellas participaron incluso el propio Milei y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Sin embargo, la actitud del Gobierno del ultraderechista no es una sorpresa. El control de la calle fue una de sus promesas de campaña y es la más popular, incluso entre aquellos que no son sus votantes. El 65% de la población está de acuerdo con que el Gobierno garantice la libre circulación, según una encuesta del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Universidad de Buenos Aires realizada la semana pasada. Por el contrario, más del 50% se opone a otras promesas como la dolarización, la privatización de la petrolera estatal YPF, la desregulación del precio de los alimentos y combustibles y la eliminación de los subsidios a la energía y el transporte público.

La marcha de este 20 de diciembre fue convocada con semanas de antelación. La idea original era recordar, como todos los años, a las víctimas de la violenta represión que marcó el final del Gobierno de Fernando de la Rúa en 2001. Un total de 39 personas murieron y cerca de 500 resultaron heridas durante dos jornadas de protestas multitudinarias. Sin embargo, el plan de ajuste económico anunciado por Milei la convirtió también en la primera contestación a su administración.

El Gobierno hizo todo lo posible por disuadir a los manifestantes. Pidió evitar la participación de niños “para no exponerlos al calor y la violencia” y amenazó con retirar las ayudas sociales a aquellos que cortasen la calle. La población más pobre quedó así atrapada entre dos extremos: las organizaciones sociales, que animaban a manifestarse, y el Gobierno, que advertía que no lo hiciesen y habilitó una línea telefónica para denunciar de forma anónima si los obligaban a asistir a la marcha. Según fuentes oficiales, más de 9.000 personas llamaron para denunciar amenazas de las organizaciones sociales.

“El problema de este país no son las movilizaciones, el problema de este país es que Milei, de un día para el otro, nos sacó el 50% de nuestro poder adquisitivo con una devaluación”, señalaba Betina Sanchís, una jubilada septuagenaria en la estación de Once, muy controlada por policías durante todo el día. Esta mujer asegura que sufre insomnio por no saber si el año que viene tendrá techo o no, ya que paga un tercio de su jubilación en la habitación que alquila desde hace 20 años y Milei ha dejado en suspenso la actualización de las jubilaciones. Sanchís asegura que los argentinos están acostumbrados a las crisis y a salir de ellas, pero lamenta la creciente división que ve en la sociedad. “No me gusta nada todo esto. Es el pobre contra el pobre, en vez de unirnos. Va a terminar muy mal”, advierte.