El ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, nuevamente recibió un voto de confianza por mayoría absoluta en la interpelación de los partidos de oposición por las acciones del gobierno durante los 36 dias del paro cívico en Santa Cruz.

Al promediar las 20.40 de este martes culminó  la interpelación del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, interpuesta por los diputados José Antonio Roca, Maria José Salazar Oroza y Lisa Claros Lora, por los policías enviados a Santa Cruz durante las protestas por el Censo.

La Sesión se llevó acabó en un ambiente de tranquilidad y respeto, salvo algunos improperios por parte de los interpelantes al ministro donde lo llamaron "Chispita" y "ministro de cloaca".

Tras  más de cuatro horas de interpelaciòn y rondas de preguntas de parlamentarios de las bancadas opositoras, la autoridad de gobierno respondìó una a una las interrogamntes formuladas, con datos e información sobre los riesgos que corría la ciudadanía cruceña por los actos de violencia protagonizados por grupos radicalizados  de extrema derecha.

Del Castillo sostuvo  que  paro de 36 días de 2022 en Santa Cruz fue un “error político” de los dirigentes cívicos y regionales que “traumó a todo un pueblo para no conseguir, absolutamente, nada”.

“No solo fue un error político de parte de la dirigencia cívica y regional de Santa Cruz acudir a un paro por un tema que pudo ser resuelto fácilmente por un diálogo, sino que atentó y traumó a todo un pueblo para no conseguir, absolutamente, nada”, cuestionó sobre el paro que se extendió entre octubre y noviembre de 2022.

La autoridas hizo saber que Calvo y Camacho convocaron al paro que se extendió por 36 días en demanda de un censo en 2023, sin ningún respaldo técnico. El Gobierno propuso que un equipo técnico defina la fecha, como al final ocurrió y aceptó el movimiento cívico-político cruceño.

Durante la protesta se denunció la violación de los derechos humanos de quienes se oponían a la protesta y salían a trabajar. Operaron grupos de choque articulados por la paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC), brazo operativo del Comité Pro Santa Cruz.

Además de agresiones violentas contra gremiales y otros sectores opuestos al paro, los grupos de choque saquearon y quemaron la sede de los campesinos y luego de la Central Obrera Departamental (COD). También atacaban comercios del Plan 3000, una zona abiertamente opuesta al accionar de los grupos de poder cruceños.

Un total de 17 personas, entre ellas un menor con síndrome de Down, tuvieron que saltar por encima de las paredes de la sede campesina para escapar de las llamas y la violencia, reveló la autoridad en su informe.

Del Castillo informó que fueron detenidas siete personas en flagrancia por la quema de la sede campesina, de las que cuatro aceptaron su responsabilidad y fueron condenadas a cuatro años de cárcel.

Cuatro personas perdieron la vida en las jornadas de violencia, una de ellas en el primer día del paro cívico en Puerto Quijarro, donde grupos violentos en su afán de imponer la extrema medida agredieron a la víctima hasta su muerte.

Los daños económicos calculados ascienden a $us 1.200 millones.

La fecha del censo fue fijada para el 23 de marzo de 2024, como resultado de un trabajo técnico que garantiza para ese mismo año la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria y de escaños legislativos.