Donald Trump ha quedado imputado de nuevo este lunes, por cuarta vez en cuatro meses y en lo que parece el caso más detallado hasta el momento. Un gran jurado en el condado de Fulton, en Georgia, ha dado luz verde a presentar cargos contra el presidente y 18 de sus asesores, por un total de 41 cargos relacionados con los intentos de alterar los resultados de las elecciones de 2020 en ese Estado, que el expresidente perdió por menos de 12.000 votos.

El expresidente ha quedado acusado de 13 cargos, incluida la violación de la ley de Georgia contra el crimen organizado, conspirar para suplantar a un funcionario, presionar para que un funcionario traicione el juramento de su cargo y conspirar para presentar documentos falsos y conspirar para perpetrar falsificación en una “asociación delictiva” en la que también participaron otra treintena de personas, no incluidas en el pliego de cargos.

Entre los imputados en un pliego de cargos de 98 páginas junto a Trump, se encuentran algunos de sus principales colaboradores: desde su exjefe de gabinete Mark Meadows a su abogado personal Rudy Giuliani. También está incluido Jeffrey Clark, un funcionario del Ministerio de Justicia que participó en los intentos de manipular los resultados de la votación. Los abogados John Eastman y Kenneth Chesebro, autores de una trama para utilizar electores falsos que votaran por Trump, también han quedado acusados, así como su asesor de campaña Mike Roman.

Todos ellos están acusados de extorsión, en violación de la ley de Georgia contra el crimen organizado con el “objetivo ilegal de robar el cargo” de presidente para beneficiar a Trump, según ha explicado la fiscal responsable del caso, Fani Willis, en rueda de prensa. Willis ha precisado que aspira a comenzar el juicio contra el expresidente y el resto de acusados en un plazo de seis meses. Trump y el resto de acusados tienen hasta el viernes 25 para presentarse voluntariamente ante el tribunal, ha precisado.

“Trump y el resto de los defensores acusados en este pliego rechazaron aceptar que Trump perdió, y a sabiendas y voluntariamente se sumaron a una conspiración para cambiar de manera ilegal el resultado de las elecciones en favor de Trump”, indica el documento de imputación.

Estas imputaciones, las más voluminosas hasta el momento en los casos legales de Trump, se suman a las tres ya pendientes para complicar lo que ya se promete como una campaña electoral en la que las causas judiciales del republicano serán un factor clave. Son el resultado de dos años y medio de investigación encabezada por Willis, fiscal del condado de Fulton y de filiación demócrata. La letrada abrió el caso después de que se publicara el sonido de una conversación telefónica entre el entonces presidente con el secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, el 2 de enero de 201. En esa llamada, el magnate pedía “encontrar” 11.780 votos, uno más que los que había obtenido su rival, Joe Biden, en el Estado.

Esas investigaciones le llevaron a examinar también la trama de los electores falsos y un intento de robar datos del sistema informático de máquinas de voto electrónico en el condado de Coffee, de tendencia republicana.

Trump no ha tardado en reaccionar. Tras conocerse los cargos, sus abogados han tachado de “chocante y absurda” la imputación, y han aludido a la publicación por error de lo que parecía un borrador del pliego en la página web del tribunal, durante unos minutos y horas antes de que el gran jurado emitiera su veredicto. “Esta presentación sesgada se ha basado en testigos que protegen sus propios intereses políticos y personales, algunos de los cuales organizaron campañas promoviendo sus esfuerzos contra los acusados y/o se beneficiaron de contratos para libros y oportunidades de empleo como resultado”. Poco antes, el expresidente había arremetido contra Willis, a la que acusaba de buscar la “máxima injerencia” en las campañas presidenciales de 2024.

El caso se sumará a los tres que ya arrastra el antiguo inquilino de la Casa Blanca y actual aspirante republicano a regresar a la presidencia. La primera imputación llegó en marzo, cuando el fiscal de Manhattan le acusó de falsificación contable en relación con pagos para comprar el silencio de una actriz porno sobre su supuesta relación sexual. En junio llegó la segunda: el fiscal especial Jack Smith le responsabilizaba de violar la ley de espionaje al guardar sin permiso documentos clasificados de su etapa presidencial en su residencia privada de Florida, Mar-a-Lago. El pasado día 2, de nuevo Smith volvía a presentar cargos contra él, esta vez en el caso más grave hasta el momento: la supuesta injerencia del presidente en los intentos de alterar los resultados electorales de 2020.

El caso de Georgia enlaza con el del fiscal especial federal, pero se ciñe a los intentos de cambiar los resultados en las urnas en ese Estado. Los votantes de Georgia apoyaron en noviembre de 2020 al candidato demócrata, Biden —el ganador de esas elecciones estadounidenses—, aunque solo por 11.779 votos. En la llamada telefónica del 2 de enero, se oye decir a Trump que “solo quiero encontrar 11.780 votos”, uno más que los cosechados por Biden.

“Datos incorrectos”

El entonces presidente saliente —le quedaban 18 días en la Casa Blanca— ruega, halaga, insiste y advierte a Raffensperger, siempre con el argumento que ha mantenido desde su derrota electoral: que el verdadero ganador fue él y los datos oficiales son fruto de un inmenso tongo. El funcionario no accedió. La victoria de Biden había sido legítima. “Los datos que usted maneja son incorrectos”, replica Raffensperger a Trump en esa charla.

El ahora aspirante presidencial sostiene que solo hizo “una llamada perfecta de protesta” al telefonear al funcionario, según ha declarado este lunes en Truth, su red social. El magnate alienta de nuevo el argumento que ha ido perfilando a medida que ha recibido imputación tras imputación y que se ha convertido en la base de su estrategia electoral: que todos sus problemas judiciales forman parte de una conspiración de los políticos demócratas y medios afines para impedir que él vuelva a la Casa Blanca y se pueda convertir en paladín de los republicanos de a pie. “¿Por qué no se presentó este caso hace dos años y medio? ¡Injerencia electoral!”, protesta.

Además de la llamada telefónica a Raffensperger, Willis también ha investigado el acceso informático ilícito a los sistemas de las máquinas de votación electrónica en un condado rural de Georgia y un complot para utilizar electores falsos en un intento de captar los votos de ese Estado bisagra, que en esos momentos se perfilaba como determinante para el resultado nacional de los comicios y para derrotar a Biden.

Rechazar conspiraciones falsas

Una imputación en Georgia puede conllevar complicaciones legales adicionales para el expresidente. Trump ha insinuado que, de llegar a la presidencia de nuevo, proclamaría un autoindulto para cerrar sus casos. O bien podría nombrar a una persona afín al frente del Departamento de Justicia que diera carpetazo a las imputaciones federales. Pero en el caso de Georgia, al tratarse de un caso estatal, no podría hacer ninguna de las dos cosas.

“No solo no podría indultarse a sí mismo, sino que el proceso de indultos en Georgia implica que el gobernador Kemp tampoco podría hacerlo. Hay un panel [que decide los] indultos. Es un proceso más complicado”, declaraba a la cadena CNN el exfiscal federal Renato Mariotti el pasado sábado. “Tampoco podría cerrar la investigación de la misma manera”.

Con información de El País y Milenio