La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, encargada de revisar el escrutinio de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, ha informado que la revisión de la documentación presentada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los excandidatos ha entrado en su fase final.

La presidenta del máximo tribunal, Caryslia Rodríguez Rodríguez, explicó que, tras culminar las audiencias con los diez excandidatos presidenciales y las 38 organizaciones políticas que participaron en los comicios, el tribunal se prepara para realizar el peritaje de todo el material electoral presentado, tanto en formato físico como digital.

En un comunicado oficial, la Sala Electoral subrayó que la investigación está siendo llevada a cabo por personal altamente calificado y bajo los más altos estándares técnicos, con el fin de garantizar una resolución soberana y justa de los conflictos.

La pesquisa incluye la revisión de todo el material electoral de valor probatorio entregado por el CNE y 33 de las 38 organizaciones políticas que asistieron a las audiencias los días 7, 8 y 9 de agosto. Entre la documentación que el tribunal deberá verificar se encuentra toda la información y pruebas presentadas por el CNE el 5 de agosto, así como las actas y testimonios ofrecidos por las distintas fuerzas políticas y candidatos involucrados.

La magistrada Rodríguez Rodríguez enfatizó que este peritaje tiene como objetivo producir una sentencia definitiva en respuesta al recurso contencioso presentado por el presidente reelecto, Nicolás Maduro Moros, con la intención de proteger la paz y estabilidad de Venezuela.

Además, se revisará todo lo relacionado con el ataque cibernético masivo que afectó al sistema electoral venezolano el día de las elecciones presidenciales.

Como parte del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Electoral es la máxima instancia, por lo que su sentencia será inapelable y de cumplimiento obligatorio.

Situación de Desacato

Durante su informe a los medios, Rodríguez Rodríguez recordó que el exaspirante Edmundo González Urrutia se encuentra en desacato con respecto al máximo ente judicial. Subrayó que los partidos que lo apoyaron no presentaron recursos que indicaran fraude ni proporcionaron información que validara su presunto triunfo.

De los diez excandidatos citados por el Tribunal Electoral, todos acudieron, excepto González Urrutia. Entre quienes comparecieron, se encuentran Antonio Ecarri, José Brito, Enrique Márquez, Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Javier Bertucci, Claudio Fermín, Benjamín Rausseo y Nicolás Maduro.

La presidenta también aclaró que los representantes de la Alianza Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que respaldaban a González Urrutia, no presentaron material electoral y alegaron no poseer documentación relacionada con el proceso, como actas de escrutinio o listados de testigos.

En cuanto al CNE, la autoridad judicial destacó que cumplió con los requerimientos de la Sala Electoral al entregar, de manera oportuna y en el tiempo establecido, todos los documentos relacionados con el proceso electoral.

Atentado contra la Legalidad

En otro segmento de su declaración, Rodríguez Rodríguez señaló que desde la PUD indicaron no haber participado en el traslado ni resguardo del material electoral, y mencionó que la organización SUMATE fue parte del equipo asesor técnico de la Alianza. SUMATE es una organización venezolana vinculada históricamente con el Departamento de Estado de Estados Unidos y la National Endowment for Democracy (NED), y ha sido acusada de operar como una franquicia de la CIA bajo la apariencia de sociedad civil.

Fundada en el contexto del intento de golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, SUMATE ha recibido financiamiento significativo de la NED y otras entidades estadounidenses para promover agendas políticas que desafían al gobierno venezolano.

Recientemente, la Fiscalía General de Venezuela vinculó el intento de alterar los resultados del CNE con las primarias organizadas por un sector de la oposición en octubre de 2023, comicios que, según la Fiscalía, fueron organizados por SUMATE sin mecanismos de verificación ni auditoría. A pesar de que no participaron más de 350 mil personas, SUMATE afirmó que la participación fue de 2,4 millones.

Sobre las Actas Opositoras

La presidenta de la Sala Electoral también se refirió a las presuntas actas de escrutinio publicadas en la página web www.resultadospresidencialesvenezuela2024.com, destacando que los miembros de la coalición opositora consultados por el tribunal afirmaron desconocer quién las publicó. Esta acción está siendo investigada por el Ministerio Público, que evalúa la presunta comisión de delitos como usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración, debido a la confusión generada en la población.

Las actas presentadas en la mencionada plataforma web por la oposición de extrema derecha venezolana, liderada por Edmundo González y María Corina Machado, han sido denunciadas como falsas debido a varias irregularidades, incluyendo la falta de firmas de miembros de mesa, testigos y operadores de máquinas, lo que invalida su autenticidad. Además, estas actas solo cubren un 31% del total, lo que sugiere una representación parcial y manipulada. Rodríguez también señaló que los resultados presentados en dichas actas son matemáticamente imposibles, mostrando porcentajes idénticos en todas las regiones del país, lo que contradice las tendencias históricas y demográficas.

Finalmente, la plataforma web utilizada para publicar estas actas se basó en un Registro Electoral Permanente (REP) desactualizado o falso, lo que refuerza la acusación de que se trata de una estructura fabricada para deslegitimar las elecciones y proclamar ilegalmente a González como "presidente electo".

El Recurso Contencioso

El 31 de julio, el presidente reelecto Nicolás Maduro presentó un recurso contencioso ante la Justicia, solicitando una investigación exhaustiva de los eventos ocurridos durante la jornada electoral del 28 de julio. Según el Consejo Nacional Electoral, después de los comicios, la transmisión de los resultados fue obstaculizada cibernéticamente con el presunto objetivo de generar incertidumbre y deslegitimar a la entidad electoral.

La Justicia venezolana deberá determinar si este hecho, junto con la publicación de una página web no oficial con más de 9,000 supuestas actas electorales inconsistentes, forma parte de una estrategia de la ultraderecha venezolana y Estados Unidos para desestabilizar el país y provocar un golpe de Estado. La denuncia del Gobierno Bolivariano sostiene que esta maniobra tenía como fin presentar a Edmundo González Urrutia como el ganador de las elecciones, con la intención de generar un proceso desestabilizador.