El Ministerio Público presentó en las últimas horas la acusación formal en el caso denominado “Gases de Ecuador” en contra de 10 personas, entre ellas los exministros de facto Arturo Murillo, Fernando López, Roxana Lizárraga, entre otros, informó el fiscal Bladimir Bolívar.

“Se ha presentado el requerimiento conclusivo de acusación formal, es en contra de 10 personas, entre ellos tenemos al exministro de Gobierno (Murillo), Defensa (López) y Comunicación (Lizárraga), de la gestión de finales de 2019, y otros funcionarios de rango policial y militar”, informó la autoridad fiscal en declaraciones difundidas por radio Éxito.

La Fiscalía dio por concluida la etapa preparatoria de la investigación y ahora está a la espera de que la autoridad jurisdiccional fije fecha y hora para el inicio del juicio oral.

Los sindicados son acusados por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas e incumplimiento de deberes. Uno los sindicados solicitó someterse a un juicio abreviado como salida alternativa.

El hecho

De acuerdo con la investigación, el 15 de noviembre de 2019, una reunión entre los exministros, Murillo, López, Lizárraga y la expresidenta de facto Jeanine Áñez, entre otros, se tomó contacto con la Policía de la República de Ecuador y se acordó que ese país facilitaría armamentos que fueron internados de manera irregular a Bolivia.

Inmediatamente, partió de Bolivia un avión a Ecuador para recoger el armamento solicitado en calidad de préstamo.

Tres días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una manifestación, que desencadenó en la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto, con un saldo de 11 civiles muertos y al menos 78 heridos.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 milímetros, 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 milímetros y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
El 27 de mayo de 2020, a través de una carta, Ecuador pidió la devolución del material prestado y se develó el “préstamo” irregular, posteriormente se activaron las pesquisas.