El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que el Gobierno procesará al juez boliviano Gustavo García Brito, miembro del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por fallar en contra del país y a favor de Perú. Esta decisión obliga a Bolivia a vender sus combustibles a precio subvencionado tanto a choferes peruanos como a los choferes bolivianos, reporta La Razón.

“Yo voy a continuar con las acciones penales contra este juez, porque me parece que, además de haber cometido un acto irregular, el cual vamos a representar vía Cancillería y por los mecanismos que tiene nuestra Comunidad Andina de Naciones, vamos a tener siempre un respeto profundo por nuestro tribunal Andino de Justicia, pero la actitud de este juez y la manera que ha llegado al cargo y la manera que ha actuado contra su país”, afirmó Lima.

El Tribunal de Justicia, compuesto por tres magistrados, entre ellos Gustavo García Brito (boliviano), Hugo Gómez Apac y Fernando Zapata, sucedió la sentencia que ordena al Estado Plurinacional de Bolivia adoptar las medidas necesarias y pertinentes para poner fin a la conducta contraria al ordenamiento jurídico comunitario andino en un plazo de 90 días desde la notificación de la sentencia.

El conflicto entre Bolivia y Perú se inició en octubre de 2020 cuando el gobierno peruano presentó una demanda argumentando que Bolivia incumple los principios de trato nacional, no discriminación y libre competencia en la comercialización de combustibles.

En el caso de Bolivia, se vende diésel y gasolina a precio diferenciado a vehículos con matrícula extranjera, mientras que según los acuerdos de la Comunidad Andina, la venta debería ser igual al costo subvencionado que se aplica en el país.

En febrero de 2015, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estableció que el precio por litro para vehículos con placa extranjera de diésel y gasolina sea de Bs 8,88 y Bs 8,68 ($us 1,27 y $us 1,23), respectivamente.

Mientras que el precio subvencionado de esos dos combustibles es de Bs 3,72 y Bs 3,74 bolivianos (unos $us 0,53 dólares en cada caso) para los vehículos bolivianos.

Lima lamentó la actuación del juez boliviano; no obstante, cuestionó que esa autoridad judicial fue nombrada por el gobierno “de facto” de Jeanine Áñez. Además, aseguró que García Brito tiene un proceso penal abierto en el Ministerio Público de La Paz.