En una presentación realizada este lunes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Gobierno presentó un proyecto de ley denominado "para la prevención y la lucha contra la corrupción". Una de las disposiciones más destacadas de esta propuesta es la renuncia voluntaria al secreto bancario por parte de las empresas privadas que obtengan contratos con el Estado, reporta Opinión. 

El presidente, junto con otras autoridades, resaltó el aspecto "más relevante" del proyecto, el cual establece que las empresas deben abrir una cuenta y que "puedan prescindir del secreto bancario" para que el Estado pueda realizar un seguimiento de los pagos. El objetivo de esta medida es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las transacciones comerciales con el sector público. 

La ley abarcará contratos de ejecución de obras tanto a nivel nacional como municipal y departamental. El Gobierno busca centrarse en la prevención de la corrupción, no solo en la imposición de sanciones cuando se descubren actos ilícitos. 

La Razón, informa que el ministro de Justicia, Iván Lima, enfatizó que la renuncia al secreto bancario por parte de las empresas es una decisión voluntaria. No obstante, el Gobierno tiene previsto publicar una lista denominada "integridad empresarial", en la cual se incluirá a las compañías que trabajen con el Gobierno y acepten someterse a esta fiscalización. Aquellas empresas que rechacen este control formarán parte de otra lista que será de dominio público. 

El control de los recursos se limitará únicamente al monto correspondiente a la obra o bien ejecutado, para lo cual las empresas deberán abrir una cuenta exclusiva destinada al depósito del pago acordado en el contrato. El resto de los recursos económicos de estas empresas no estarán sujetos a fiscalización, con el objetivo de salvaguardar su información y la del sistema financiero.