En los últimos 10 años, entre 2013 y 2023, se registraron 53 muertes de conscriptos en recintos militares, además de que se registraron 362 casos de violencia, informó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

El titular de la Defensoría del Pueblo reveló que una encuesta defensorial, realizada en 2023 en centros de formación policial y militar, evidenció que el 77%, de los 1.500 cadetes y conscriptos consultados, advirtieron que fueron testigos de algún hecho de violencia sufrido por un compañero.

Uno de los últimos casos de violencia se reportó en Pando, donde se denunció que un sargento de la Armada, en estado de ebriedad, habría agredido a cuatro marinos en la base naval Bruno Racua, de Porvenir.

Según la delegada defensorial, Cintia Jordán, el hecho se produjo la madrugada del pasado miércoles, cuando el sargento habría ingresado al lugar donde descansaban los conscriptos para sacarlos y someterlos a castigos físicos, reportó radio Frontera de la Red ERBOL.

“Ante la emergencia de casos de violencia en centros de formación policial y militar, durante 2023, la Defensoría del Pueblo realizó verificativos en 18 centros de formación policial y militar donde efectuó 1.500 encuestas”, anunció Callisaya, durante su programa streaming semanal “El Defensor con el Pueblo”.

Callisaya develó que, de los consultados, el 79% afirmó que no fue víctima de ningún tipo de violencia, sin embargo, el 77% dijo haber presenciado hechos de agresión a sus camaradas.

“Esto nos permite concluir que el cadete no tiene las posibilidades de hacer una denuncia por alguna agresión que hubiese sufrido”, pero sí es testigo de este tipo de hechos.

La encuesta evidenció también que el 30% de los encuestados señalaron al instructor como el autor de los hechos de violencia.

Durante el streaming defensorial, se abordó el tema de derechos humanos en centros militares: tortura y malos tratos. El Defensor del Pueblo entrevistó a la responsable de Derechos Humanos de las FFAA, del Ministerio de Defensa, Alison Fuentes Guardia, y a la representante del Instituto de Terapia sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado, Carla Achá.

Al cerrar el programa, el Defensor del Pueblo destacó la participación de los expertos, quienes manifestaron su preocupación por la recurrencia de los hechos de violencia. Asimismo, recordó que “cuando una persona se encuentra en un centro bajo custodia del Estado, este asume la obligación del respeto y la garantía del ejercicio de sus derechos, particularmente a la integridad y a la vida”.

Como parte de las conclusiones del programa, la autoridad defensorial reflexionó sobre la importancia de generar espacios de prevención a través de diferentes acciones como la eficacia en la investigación de los hechos de violencia, cerrando las brechas de la impunidad.

Por otro lado, manifestó que es importante generar mecanismos idóneos y confiables para los conscriptos y personal militar de presentación de denuncias que permitan canalizarlas adecuadamente y, finalmente, promover procesos de capacitación e información.