Ayer dio inicio en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el juicio de responsabilidades correspondiente al caso Petrocontratos, que involucra al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), quien actualmente se encuentra prófugo en Estados Unidos, junto con tres de sus excolaboradores, informa La Razón.

Los protagonistas de este proceso son los exministros de Hidrocarburos Carlos López Quiroga y Jorge Berindoague Alcócer, así como el exviceministro Carlos Contreras del Solar. Similarmente, quienes igual que el exmandatario, todos ellos se hallan fuera del país.

Es por ello que abogados de Defensa Pública fueron asignados para patrocinar a los acusados.

La presentación y argumentación de la acusación estará a cargo de Juan Lanchipa, fiscal general del Estado. Posteriormente, el veredicto quedará en manos de dos tercios de los miembros del TSJ, quienes dictarán la sentencia final.

GONI

Goni y los demás acusados están en la mira por los delitos de incumpliento de deberes y conducta antieconómica. Esto en la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas. Los documentos se suscribieron sin tener autorización del Legislativo.

De los 106 contratos, 52 fueron firmados en la primera gestión de gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002), y uno en la de Carlos Mesa, estos dos últimos fueron excluidos del juicio, en momentos distintos.

Esta situación, según la acusación presentada por el Ministerio Público, habría favorecido los intereses de esas empresas en detrimento del interés del Estado.

MORALES

La denuncia sobre el caso fue presentada por Evo Morales en 2005, en su condición de diputado. La Fiscalía admitió la demanda el 14 de abril de ese año.

El 11 de septiembre de 2011, la Asamblea autorizó el procesamiento de las exautoridades por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento.

Sánchez de Lozada huyó el país en octubre de 2003, tras la muerte de más de 60 personas en la denominada “guerra del gas”. Estableció su residencia en Estados Unidos.