La Fiscalía presentó acusación formal contra Murillo por legitimación de ganancias ilícitas, sin involucrar a López
La Fiscalía presentó cargos formales contra el exministro
de Gobierno, Arturo Murillo, por el delito de lavado de dinero, relacionado con
la adquisición a un precio inflado de gases lacrimógenos durante el período del
Gobierno transitorio, informa Erbol.
En cuanto al exministro de Defensa, Luis Fernando López, no
fue incluido entre los acusados toda vez que no fue notificado en este proceso
a pesar de que estuvo entre los implicados, informó la fiscal Pamelo
Portocarrero.
La fiscal anticorrupción explicó que se ha emitido la
acusación formal, después de que hace una semana el juez del caso conminó a
emitir el requerimiento conclusivo.
Además de Murillo, otras seis personas fueron acusadas
formalmente en este caso. Según la fiscal, entre los coacusados están cuatro
exfuncionarios y están implicados incluso policías.
En la acusación formal se pide 10 años de años de cárcel
para el exministro Murillo, indicó Portocarrero.
Respecto al exministro de Defensa, Luis Fernando López, la
fiscal explicó que se ha rechazado la denuncia en su contra, porque no fue
notificado para este caso. Aclaró, sin embargo, que las partes aún pueden
impugnar esta decisión.
Segundo caso por los gases
Este proceso por el delito de legitimación de ganancias
ilícitas es el segundo abierto, debido a la compra con sobreprecio de gases
lacrimógenos.
En el primer caso que se enfocó en la compra irregular, los
exministros Murillo y López fueron acusados formalmente hace dos años por la
Fiscalía, que les atribuye los delitos de uso indebido de influencias,
negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública,
incumplimiento de deberes, entre otros.
Estos procesos surgen por la compra con sobreprecio que
realizó el Ministerio de Defensa de gases lacrimógenos a la empresa Bravo, la
cual estaba manejada por allegados de Murillo. El daño económico se calculó en
16 millones de bolivianos.
Actualmente Murillo cumple una condena en Estados Unidos,
tras admitir lavado de dinero proveniente de la corrupción, mientras que López
no tiene paradero conocido después de que salió del país en 2020.