Por Gustavo Gómez, economista

Con el ambiente electoral que se avecina, algunas personas como Roberto están organizando diferentes grupos como es el caso de los prestatarios del sur del país, y en otras regiones del territorio nacional, para efectuar manifestaciones contra las entidades financieras solicitando que las mismas se reúnan con cada uno de los prestatarios para que respondan a sus demandas y en un extremo solicitan el cierre de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Al parecer, algunas personas no se informan adecuadamente antes de emitir criterio alguno, debido a que el regulador del sistema financiero, mediante diferentes cartas circulares, instruyó a las entidades financieras para que atiendan los requerimientos de reprogramación o refinanciamiento de sus créditos para los deudores que fueron afectados por los conflictos sociales, climáticos, bloqueos y de otra índole, además que la atención debe ser de manera individual, vale decir uno por uno. Esto debido a que cada deudor cuenta con un contrato de crédito con diferentes condiciones pactadas; como la tasa de interés, plazo, garantías, entre otros, considerando a su vez que la capacidad de pago es diferente en cada prestatario.

A esto se suma el hecho de que los deudores tienen la posibilidad de solicitar periodos de gracia y de prórroga, considerando los efectos nocivos de los conflictos mencionados, asimismo, las entidades de intermediación financiera tienen como máximo un mes para dar respuesta a dichas solicitudes de reprogramación y/o refinanciamiento. Aspectos que en definitiva favorecen a los prestatarios afectados.

A raíz de estas medidas, de acuerdo a información difundida por ASFI, durante la gestión pasada, más del 73% de las solicitudes de reprogramación y/o refinanciamiento fueron aceptadas por las entidades en el mismo mes, beneficiando a más de 57 mil operaciones mostrando que estas medidas lograron los resultados esperados en beneficio de los deudores. 

Por otra parte, Roberto olvidó el objeto de ASFI que es regular, supervisar y controlar el Sistema Financiero, velando por su estabilidad, solvencia, eficiencia y transparencia, al mismo tiempo de proteger los ahorros de la población, peor aún, omite las funciones de la Defensoría del Consumidor Financiero que tiene la finalidad de precautelar los derechos del consumidor financiero, establecidos en la normativa vigente.

No recuerda que en décadas pasadas existía la “letra chica” en el contrato de préstamo, por el cual los prestatarios estaban indefensos al mismo, además, con las denominadas “cláusulas abusivas” se sometían a un sistema financiero que tenía la “sartén por el mango” haciendo cumplir el denominado “Acuerdo Ley”. Este aspecto fue modificado por el regulador mediante el establecimiento de los contratos tipo, los cuales contienen directrices generales que adoptan las entidades financieras eliminando la letra chica, promoviendo la claridad de todas las clausulas contenidas en el contrato para su sencilla comprensión.

Cómo no recordar que los prestatarios, con el contrato suscrito, no podían efectuar ningún tipo de modificación al mismo, bajo ningún motivo, debido a que se estrellaban contra entidades financieras que contaban con un conglomerado importante de equipos jurídicos y técnicos que respaldaban a la institución ante un indefenso deudor. Esta situación cambió con la creación de la Defensoría del Consumidor Financiero de ASFI, defendiendo los derechos de los prestatarios en segunda instancia ante la vulneración de sus derechos por parte de las entidades. 

Es importante recordar que la citada Defensoría tiene presencia en todas las capitales de departamento de Bolivia. La pasada gestión, atendió más de mil reclamos en segunda instancia de los cuales el 81% favorecieron a los consumidores financieros, instruyendo a las entidades que restituyan los derechos de los reclamantes e iniciando los procesos sancionatorios correspondientes por la vulneración de los derechos de clientes y usuarios financieros.   

En tal caso, es inexplicable e infundado el pedido de cierre de ASFI, surgiendo diferentes interrogantes como: ¿Quién velará por la estabilidad del sistema financiero? ¿Qué instancia protegerá los ahorros de la población? ¿Quién defenderá los derechos de los consumidores financieros? ¿Qué entidad atenderá los miles de reclamos contra las entidades financieras?

Afortunadamente son pocas las personas que actúan y opinan como Roberto, que olvidan fácilmente los beneficios alcanzados en favor de los consumidores financieros. La memoria puede ser frágil pero no tanto para desconocer estos logros, o ¿será que representa un interés político?

Gustavo Gómez es economista