El candidato al gobierno de España y máximo dirigente del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, volvió a arremeter contra todos los gobiernos de izquierda latinoamericanos, a los que tildó de “cárteles de comunistas y narcotraficantes”.

Afirmó que, de llegar al poder, como se anticipa que puede suceder si el partido de la derecha tradicional, el Popular (PP), gana la elección del próximo domingo, pero sin la mayoría necesaria para formar gobierno, lo dejaría en la disyuntiva de aliarse con Vox o con el Partido Socialista Obrero Español, el cual ocupa actualmente el Ejecutivo.

Cierto es que, en una circunstancia semejante –muy probable, según la mayoría de las encuestas–, el partido fascistoide de Abascal intentará imponer su agenda en política exterior, en la que defiende la beligerancia diplomática y política contra las naciones gobernadas por formaciones políticas de izquierda o progresistas, como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México y Venezuela, entre otros.

El líder fascista anunció que emprendería “acciones diplomáticas” inmediatas contra toda nación de América Latina cuyas autoridades denuncien el genocidio perpetrado por los conquistadores hispanos desde su llegada al continente (proceso al que los ultranacionalistas hispanos califican de “leyenda negra”), o que simplemente “hablen mal de España y de los españoles”.

No debe perderse de vista que el programa de Vox incluye la persecución penal de todos los disidentes políticos en asuntos de identidad nacional, la supresión de las comunidades autónomas y la anulación de los sistemas judiciales regionales para instalar un centralismo en abierta violación a las soberanías locales, la restauración política del franquismo mediante la derogación de la Ley de Memoria Histórica, la expulsión inmediata de todos los inmigrantes indocumentados, incluso si se trata de menores de edad, el fundamentalismo religioso en lo que sus partidarios entienden como “protección de la identidad cristiana de Europa”, la idea de que la Ley de Violencia de Género “convierte a los hombres en culpables por el hecho de ser hombres”, la cancelación de los derechos conquistados por las diversidades sexuales y el embate contra los derechos reproductivos de las mujeres por considerar el aborto “una aberración moral y jurídica”.

La probabilidad de que un grupo con semejantes banderas se integre al gobierno español supone un riesgo insoslayable de retrocesos democráticos y en materia de derechos humanos en el país ibérico, así como la amenaza de una ruptura profunda y perdurable con América Latina, porque los planes de Abascal supondrían una injerencia ilegal e inadmisible en los asuntos internos de Estados soberanos que sería enérgicamente rechazada por los gobiernos progresistas, celosos de la independencia ganada con grandes esfuerzos y sacrificios hace más de dos siglos.

Con todo, la agresividad de Abascal no sería hoy día tan perniciosa para las naciones de este lado del Atlántico cuanto devastadora para la propia España: mientras Latinoamérica puede encontrar nuevos socios e inversionistas en el resto de Europa, en Estados Unidos, en India y en China –cuyo peso económico en la región se acrecienta cada día–, los consorcios de España carecen de opciones tan atractivas como las que se le abrieron en el subcontinente, donde sus multinacionales extraen recursos y obtienen tasas de ganancia muy superiores a las que alcanzan en su país de origen.

Lo que Abascal y sus simpatizantes tendrían que entender es que hace más de 200 años, a raíz de los procesos de independencia en América, España dejó de ser el centro gravitacional del mundo de habla hispana; hoy, la insolencia neocolonialista de la ultraderecha peninsular podría llevar a un alejamiento de América Latina y a un proceso de decadencia similar –guardando las diferencias– al que sufrió en aquel entonces./La Jornada/Mex