El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha fallado a favor de la familia Marinkovic, otorgándoles la tutela de 33,000 hectáreas de tierra en dos propiedades en el departamento de Santa Cruz. Esta decisión ha generado una fuerte reacción por parte del Gobierno nacional, que anuncia acciones legales contra los magistrados responsables del fallo.

El Viceministro de Tierras ha expresado su preocupación por la contradicción entre este fallo del TCP y otras decisiones previas del Tribunal Agroambiental, las cuales habían revertido la propiedad de estas tierras al Estado. Según el Viceministro, los magistrados del TCP, Gonzalo Hurtado y René Iván Espada, han favorecido de manera ilegal e inconstitucional a la familia Marinkovic al concederles la tutela de estas tierras. Además, se han tomado medidas legales y se solicitan explicaciones al TCP.

El Viceministerio de Tierras y el INRA acusan a los magistrados de no respetar sus propias sentencias anteriores sobre el mismo tema. Se alega que esta decisión beneficia de manera desproporcionada a la familia Marinkovic, excediendo los límites establecidos por la Constitución, que limita la propiedad de tierras a un máximo de cinco mil hectáreas por persona en Bolivia.

Estas tierras en disputa incluyen la Empresa Agropecuaria Laguna Corazón en Guarayos y las Tierras Bajas del Norte en la Chiquitanía cruceña. A pesar de los intentos del Gobierno por revertir estas decisiones, los fallos del TCP han validado la titularidad de la familia Marinkovic sobre las mismas.

Las acciones legales emprendidas por el Gobierno, así como las críticas por parte de funcionarios como el ministro de Desarrollo Rural, Santos Condori, subrayan la gravedad de la situación. Se exige que los magistrados responsables y aquellos que se han beneficiado de esta situación sean juzgados y sancionados en consecuencia.

El viceministro Guerrero ha señalado la falta de notificación oficial sobre el fallo del TCP, lo que ha generado aún más incertidumbre y confusión sobre cómo proceder. Se solicita claridad sobre qué fallo debe prevalecer y se denuncia la conducta prevaricadora de los magistrados involucrados.

La decisión del TCP a favor de la familia Marinkovic ha desencadenado una controversia legal y política, con el Gobierno emprendiendo medidas legales y denunciando la conducta de los magistrados responsables. La situación sigue siendo confusa y se espera una resolución clara y justa ante esta disputa por la propiedad de tierras en Bolivia.