Fue una “victoria amarga” para el Legislativo, ya que en sus fundamentos la mayoría expresó su rechazo y “repudio” contra el vocal Israel Campero quien emitió un fallo judicial, que prohíbe al Parlamento interpelar a la mitad de sus ministros; no obstante, este vocal es candidato a magistrado del TCP.

“Estoy de acuerdo con las elecciones Judiciales pero repudio a Israel Campero por haber destrozado, defenestrado, la Asamblea Legislativa al no permitirnos fiscalizar, interpelar a los ministros que no quieren responder por los créditos aprobados por la Asamblea Legislativa. Repudio que algunos como (el postulante) Juan Arellano Paz, exoficial mayor de Jerges Mercado esté aprobado para el Consejo de la Magistratura”, protestó la diputada evista Gladys Quispe.

“Tenemos candidatos que nos han atado las manos a los diputados porque no podemos fiscalizar a los ministros”, también protestó Bertha Acarapi del MAS, a tiempo de dar su voto de aprobación al informe ampliado del TCP.

“¡Cómo podemos tener en esta lista a Israel Campero!, ¡Cómo lo podemos mantener en esta lista, un sicario de la justicia que, por orden de Lucho Arce y de usted, señor David Choquehuanca, aniquila a la Asamblea Legislativa y va en contra de la Constitución Política del Estado”, añadió el diputado evista Héctor Arce.

También observaron al actual consejero del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, que se habilita como candidato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), postulante que, dos años atrás, protagonizó un escándalo por denuncias de corrupción en su contra.

“Hay que ser cuerudo y sinvergüenza. Este señor Marvin Molina autoprorrogado y nuevamente hoy quiere ser magistrado. Terrible”, dijo el diputado Arce, a tiempo de dar su voto de aprobación al informe del TCP. “Es mejor tener a nuevos, aunque algunos no cumplen (con los requisitos), a seguir manteniendo a los autoprorrogados. Mi voto es afirmativo”.

El diputado Antonio Colque, calificó como “criminales de derecho” al consejero y candidato Molina y al vocal Israel Campero y apeló “al soberano” para que estos abogados no sean electos en las Judiciales.

Es así como los legisladores, a pesar suyo, a pesar de las irregularidades que tuvo todo el proceso de preselección, con “chanchullos”, con postulantes reprobados y otros que brillan por sus denuncias de corrupción, aprobaron el informe complementario del TCP.

Y lo más importante, que destacaron que su voto no refleja la conformidad de un “proceso manchado”, si no más bien la urgencia de que los magistrados prorrogados, cuyos cargos fenecieron el 31 de diciembre de 2023, “se vayan a sus casas”.

“Es importante que los auto prorrogados, esos chutos se vayan a sus casas”, “Mi voto es afirmativo para que se vayan los prorrogados”, se escuchó decir a varios legisladores.

Pero también hubo duras críticas contra sus colegas que ayudaron a pasar las pruebas de los postulantes con “chanchullos”, como es el caso de la senadora Patricia Arce.

“Hay algunos que venden sus conciencias y que con seguridad han vendido exámenes, porque esas muestras de marcadores y esas señas no son gratis”, dijo la diputada Rosa Añez, de Creemos.

Con todo, los parlamentarios que, a pesar de los postulantes “repudiados” aprobaron el informe del TCP, apuestan porque los candidatos observados sean castigados con un voto de rechazo de la población que acudirá a las urnas y elegirán con sabiduría.

“Nos toca confiar en la sabiduría del pueblo para que escoja a los mejores elementos de esta lista. Hay gente que no tiene currículum, ¡hay gente que tiene prontuario!” dijo el diputado Erwin Bazán, de Creemos.