La memoria histórica de Bolivia guardará por siempre con rabia e indignación todo lo que significó el gobierno inconstitucional de Jeanine Áñez, sentenciada a 10 años de reclusión por atentar contra la Constitución y las leyes, secundada por personajes a los que ahora mira con decepción, pero que fueron los actores decisivos para su ascensión a la silla presidencial —Murillo y Ortiz— y con los que compartió tareas parlamentarias con el Movimiento Demócrata Social (Demócratas).

Karen Longaric Brozovic no militaba en Demócratas, pero apareció sorpresivamente como ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de facto presidido por Áñez. Hasta entonces había cumplido con una trayectoria vinculada a las relaciones internacionales ocupando cargos en la misma Cancillería, en el Instituto Internacional de Integración y como primera presidenta de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).

Longaric era una señora muy comportada que había ingresado en la Cancillería gracias a su esposo Franklin Anaya (Panka) en tiempos del gonismo, en clara práctica de nepotismo, pero que con los años supo ganarse un sitial en el espectro del análisis especializado sobre política exterior. En un par de oportunidades la entrevisté para la televisión y la radio, caracterizando sus intervenciones por la mesura y la prudencia, por ejemplo, con respecto del fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en La Haya acerca de la demanda interpuesta por Bolivia contra Chile debido a nuestro irresuelto problema marítimo.

Hasta que llegó el día en que Karen sintió que era momento de quitarse la máscara y mostrar ante el país quién era en realidad. A partir de su nombramiento como primera Canciller de la historia de Bolivia, la internacionalista desplegó todas sus armas para evidenciar que había sido una furibunda enemiga del MAS y que en esa medida emprendería acciones reñidas con el derecho internacional, la responsabilidad pública y el respeto por los derechos humanos.

A pesar de saber de la importancia y el respeto que se merece la institución del asilo político, característica distintiva del gobierno mexicano, Longaric se sumó de manera entusiasta a la agenda que marcaba el “ministro de la Muerte”, Arturo Murillo. De esta manera, la canciller de Áñez convirtió la residencia de la Embajada de México en una cárcel que mantuvo como presos políticos a exautoridades del gobierno de Evo Morales, negándose hasta el final de su mandato a otorgar los salvoconductos que ella en su calidad de primera presidenta de la Comisión Nacional del Refugiado conocía por anverso y reverso.

Como si violar el derecho al asilo político no fuera suficiente, la desenmascarada ministra que residía en La Rinconada, no fue capaz de interponer sus buenos oficios como vecina para frenar el asedio de efectivos policiales que por la noche utilizaban potentes reflectores para no dejar descansar a los refugiados Quintana, Arce Zaconeta, Alanoca, Laguna, Zabaleta, Vásquez y Moldiz. Se trató de un sistemático plan de amedrentamiento y violación a los derechos ciudadanos con la complicidad de los vecinos del barrio que armaron una especie de barricada para revisar los motorizados que entraban y salían, vigilia “pitita” cazamasistas en otras palabras.

Hoy día, desde su autoexilio en Alemania, la señora Longaric se declara perseguida política del gobierno de Luis Arce, acogiéndose al lugar común con el que la demacrada y derrotada oposición pretende disfrazar las barbaridades perpetradas por una cáfila de delincuentes que violaron derechos humanos, masacraron 38 personas, consumaron negociados de varios tamaños y condujeron la economía del país al desastre en el tiempo record de 10 meses.

Resulta que la Canciller que violó descaradamente el derecho al asilo político, la que nombró un embajador de ciencia y tecnología —¡con residencia en La Paz!—, amigo de la hija de la Presidenta, actuó con negligencia en la repatriación de ciudadanos bolivianos atrapados por el coronavirus en el lado chileno de la frontera, esa misma señora dice ser perseguida por la Justicia cooptada por el gobierno del MAS.

Karen Longaric Brozovic es la fiel expresión de la vieja Cancillería boliviana, atestada de vividores de corbata de seda y astutos lobistas como Jaime Aparicio Otero, execrable operador de Luis Almagro en la OEA, embajador ante el sistema interamericano del gobierno de Áñez, un niñato de cuello blanco portaestandarte de la Bolivia reaccionaria y fascistoide que vive de propalar mentiras y se ha especializado en distorsionar la realidad política del país desde Washington.

Longaric ha acudido a la CIDH para denunciar los presuntos atropellos de la que es víctima. Ojalá que desde la Comisión le puedan enviar un ejemplar o el link del informe del GIEI en el que han quedado debidamente registradas las tropelías del gobierno de la que fue Canciller. Por lo menos debería darle vergüenza.

Julio Peñaloza Bretel es periodista.