Tras la carta que envió el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la legalidad de las leyes aprobadas en la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) presidida por Andrónico Rodríguez, desde la oposición y evistas cuestionaron la posición y consideran que es una muestra de que al Gobierno no le interesa las elecciones judiciales.

“Le está dando el queso al ratón o está pretendiendo que el árbitro actúe como jugador. Eso revela que las intenciones funestas de estos señores”, manifestó la senadora María Luisa Nayar, de Comunidad Ciudadana.

El Pacto de Unidad del bloque evista también cuestionó la consulta de Choquehuanca e incluso sostiene que el presidente en ejercicio está detrás de la prórroga las altas autoridades del poder judicial.

“Eso quiere decir que no quiere las elecciones judiciales, quien ha ido perjudicando, instrumentalizando a la justicia en Bolivia es Choquehuanca”, manifestó Ramiro Cucho, representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

El jueves se llevó adelante una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional que fue convocada por Andrónico Rodríguez, quien presidió esta instancia legislativa argumentando que David Choquehuanca estaba reemplazando al presidente Luis Arce, quien viajó a Rusia.

Sin embargo, el diputado evista Juan José Jauregui, interpuso un recurso constitucional para que no se lleve adelante la sesión. El recurso fue admitido y además se emitió una resolución para “suspender” las funciones de Andrónico para convocar a la sesión.

El encuentro de los legisladores se llevó adelante pese a que horas antes hubo un corte en el suministro eléctrico de la ALP. Además, horas antes los legisladores que asistieron a la convocatoria denunciaron un sabojeta pues las tarjetas electrónicas no funcionaban para activar su ingreso.

Pese a todo, la sesión se llevó adelante y fueron aprobadas dos leyes, una contra la prórroga de magistrados y un crédito. Además, del decreto presidencial de amnistía e indulto y una declaración cameral para que las elecciones judiciales continúen.