El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quiere utilizar subsidios mensuales de un millón de pesos (unos 240 dólares) para alejar a los jóvenes de la violencia que desangra al país. La propuesta no es nueva: ya la implementó cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2015), la anunció varias veces como presidente, la incluyó en su Plan Nacional de Desarrollo (PND) y le creó una dirección propia en el nuevo Ministerio de la Igualdad. No obstante, en los últimos días, la iniciativa generó especial revuelo por el modo en el que Petro se refirió a ella durante una visita a Buenaventura, una ciudad que sufre el recrudecimiento de la violencia. “Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar”, dijo.

Petro enfatiza en que hay un vínculo directo entre la inseguridad y la falta de oportunidades. “Se junta una juventud condenada a no tener futuro con la economía ilícita del narcotráfico”, diagnosticó el viernes en Buenaventura, que en mayo tuvo el doble de homicidios que el mismo mes del año anterior. Según datos del Ministerio de Educación, solo el 24% de los jóvenes del litoral pacífico logran acceder a una institución de educación superior, en contraste con una media nacional del 53%. Para Petro, esto no es un factor menor: “Si dejaron al 80% afuera de la oportunidad de la educación superior, pues entonces esos jóvenes se arman y se ponen al servicio del traqueto [mafias], que siempre ordena matar”.

“Pagar por no matar” es una apuesta fundamental para el proyecto de paz total del presidente, que considera que abrir cupos en las universidades no funciona si antes no se abordan las dificultades de los jóvenes para alimentarse y mantener a sus hijos. La idea es que una renta básica ayude a sortear los obstáculos socioecónomicos para estudiar y que haya menos incentivos para aceptar los ofrecimientos de las bandas criminales. La iniciativa complementará la implementación de Universidad en tu Territorio, un programa que se anunció el viernes y que busca abrir 500.000 nuevos cupos en carreras universitarias.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, salió el lunes a respaldar la propuesta del mandatario. “El ‘no matar’ es una metáfora”, comentó en Blu Radio ante los cuestionamientos de los periodistas. “No podemos quedarnos cruzados de brazos mientras nuestra propuesta económica surte efecto”, agregó en referencia a que el subsidio sirva como un paliativo de la situación actual. Además, Velasco explicó que las transferencias de un millón de pesos serán temporales y que se contará con el apoyo de la Iglesia Católica y de organizaciones sociales que trabajan en los territorios para identificar a los jóvenes en riesgo. Un programa piloto contempla a 150 beneficiarios en el Pacífico, pero la idea es después ampliar la cobertura y llegar a otras partes del país.

La oposición cuestiona el programa porque considera que prioriza a los jóvenes que delinquen. El senador Ciro Ramírez, del uribista Centro Democrático, declaró el domingo en Blu Radio que los incentivos para no cometer delitos deben realizarse a través de la educación y no de transferencias condicionadas. “No podemos dejar un precedente de que es a los bandidos a quienes se les dan los incentivos y no a los colombianos que están cumpliendo la ley”, comentó. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal afirmó el lunes en Twitter que ser criminal “paga” en el Gobierno de Petro: “A los jóvenes emprendedores [les exigen] impuestos, a los criminales [les dan] subsidios”.

Los críticos, además, señalan que el programa tiene el riesgo de cooptar a los jóvenes para volverlos afines al presidente, una acusación que también se hizo cuando Jóvenes en Paz se implementó durante la Alcaldía de Petro en Bogotá —según el mandatario, de forma exitosa—. “Estos jóvenes con sueldos de Petro tienen una alta probabilidad de volverse activistas petristas violentos, milicias petristas”, declaró el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa sin dar mayores precisiones. “De nuestros impuestos destinarán un billón de pesos para pagarle a criminales y que no secuestren, maten o extorsionen. ¿Son los colectivos petristas?”, cuestionó Cabal.

La propuesta del presidente, sin embargo, no es nueva. Más allá del revuelo del fin de semana, el programa y su retórica aparecen con regularidad en las declaraciones de Petro, que adapta su mensaje a cada región. En diciembre, aseguró en el Norte de Santander que el programa Jóvenes en Paz comenzaría el 1 de enero para que la juventud aprenda “cómo es que se lee” y no cómo se dispara un arma. En enero, anunció en Cali una iniciativa para que 100.000 jóvenes puedan “comer y estudiar”. “Para abrir el libro hay que tener el pan”, dijo entonces. Hace unas semanas, reiteró su deseo de “una renta ciudadana a cambio de educarse”, en referencia a la situación de seguridad en Antioquia.

El mandatario resaltó el sábado que su propuesta, ahora sí, está en marcha: “Ayer en Buenaventura comenzó Jóvenes en Paz, que busca sacar jóvenes de la violencia pagando una mensualidad que les permita estudiar en dignidad”. No obstante, los únicos detalles concretos que se conocen son los que mencionó el ministro Velasco el lunes. No hay especificaciones, por ejemplo, sobre cómo se identificará a la población en riesgo o cómo se realizará el seguimiento de que los beneficiarios cumplen con las obligaciones para cobrar el subsidio.

En el papel, los objetivos generales de Jóvenes en Paz están en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta del Ejecutivo. El texto aprobado en mayo establece cuatro ejes en su artículo 348: transferencias monetarias condicionadas al trabajo social y al estudio, acceso a mecanismos de asistencia al emprendedurismo, gratuidad de programas educativos y provisión de servicios de salud mental. La reglamentación, según el texto, debe realizarse en los tres meses posteriores a la aprobación de la ley. Hace unos días, una nueva entidad destinada a la iniciativa quedó bajo la órbita del nuevo Ministerio de la Igualdad, que conduce la vicepresidenta Francia Márquez.

En la práctica, nadie parece saber quién está a cargo en las etapas iniciales del programa. Ante consultas de este periódico, el Ministerio del Interior afirmó que la vocería la tiene el Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS). Esa entidad respondió que le corresponde al Ministerio de la Igualdad, que a su vez devolvió la consulta a la cartera de Interior. “Pagar por no matar”, de momento, es solo retórica./ EL PAÍS