Aunque el asunto era conocido en los círculos petroleros de alto nivel y el gobierno – incluso el de Jeanine Áñez – había decidido mantener la verdad oculta entre los farragosos informes que acompañan las cuentas de liquidación de las petroleras con el Estado en eso que se llaman “costos recuperables”, el ministro de Hidrocarburos Franklin Molina decidió romper el status quo y hacer público ese “pequeño detalle” sobre quién pagó la exploración en el pozo Boyuy X2, célebre por ser el más profundo del continente, según el ministro de la época, Luis Alberto Sánchez, pero seco.

La perforación de Boyuy en Caipipendi – el bloque de Margarita – se gestó al más alto nivel. El propio presidente corporativo de Repsol, Antonio Brufau, visitó en junio de 2017 Bolivia y se comprometió con aquella perforación mientras compartía risas y abrazos con el presidente Evo Morales. Solo unos meses antes se había aprobado la conformación de un “Fondo de Incentivos” con el 12 por ciento del IDH confiscado a Gobernaciones, Municipios y Universidades que tenía el objetivo de que las petroleras aceleraran los trabajos en sus áreas. El proyecto de Boyuy encajaba a la perfección.

Las declaraciones sobre el potencial de Boyuy eran, como casi siempre, imprudentes, pues especular con éxitos gloriosos se convirtió en seña de identidad del ministro Luis Alberto Sánchez. Sin embargo, a finales de 2018 empezaron a sonar las alarmas sobre lo que estaba sucediendo en ese proyecto.

La nacionalización del decreto de 2006 de Andrés Soliz Rada se descafeinó unos meses después, ya con el exministro nacionalizador fuera del gobierno, cuando el vicepresidente Álvaro García Linera renegoció los contratos con las petroleras que estaban operando en el país y que por lo general, no salieron corriendo. La renegociación la capitaneó precisamente Repsol y Brufau, que pasó a ser íntimo de Morales, relación que se mantuvo en el tiempo incluso cuando Argentina recuperó YPF. De aquella renegociación salieron por un lado los famosos anexos que contemplaban los “costos recuperables”, es decir, gastos en los que incurrían las petroleras y que acababa pagando (o deduciéndose) el Estado boliviano, y por otro, esa interpretación de “socios y no patrones” así como la excusa perfecta para quienes querían impedir que YPFB se metiera de lleno en la exploración: es un rubro riesgoso (que lo es) y en este sistema solo se paga (vía costos recuperables) si hay éxito. No si hay fracaso.

Es conocido que Boyuy se fue a los 8.000 metros, que hubo malestar cuando en enero de 2019 Sánchez llevó a Morales a inaugurar un pozo que ya se sabía que era improductivo y que de allí salió el chiste del “mar de gas” que ahora utilizan los peones arcistas para criticar la política petrolera heredada.

Lo que no había quedado tan claro era quién había pagado los 126 millones de dólares que se reconocieron como gasto (porque inversión no es) en 2019 y que ya entonces resultaba extraordinariamente alto, pues un pozo ordinario – entre los 4.500 y 6.000 metros de profundidad – se suele estimar entre los 40 y 50 millones de dólares. El ministro no ha dejado lugar a dudas: lo hizo el Estado, se supone, que porque el Estado asumió continuar con unos trabajos que Repsol quiso parar.

Molina es de los que están en modo defensa del arcismo frente a los ataques del evismo. Aún así no está claro si utilizará el tema para exigir una responsabilidad por “falsedad material e ideológica, estafa” como señalan algunos de los analistas “liberales” como Jorge Gumucio o Álvaro Ríos.