Mientras el “evismo” mantiene bloqueada algunas de las principales carreteras del país desde hace 10 días, una nueva reunión parlamentaria fue instalada la mañana de este miércoles en dependencias de la Vicepresidencia, en la ciudad de La Paz, para continuar con los intentos de viabilizar las conflictivas elecciones judiciales.

Esta nueva reunión, que debió realizarse el jueves, es llevada adelante después de que el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, aceptara adelantar dicho encuentro a solicitud de la comisión bicameral multipartidaria con el objetivo de analizar los avances que se tuvieron hasta ahora para garantizar una ley de las elecciones judiciales.

La comisión bicameral multipartidaria, que fue conformada el lunes en una primera reunión en la Vicepresidencia, se reunió el martes con dos representantes de cada fuerza política con representación en la Asamblea Legislativa y se conoce que ha avanzado en la redacción de la ley logrando acuerdos en al menos 11 artículos. 

Antes de ingresar al nuevo encuentro, el jefe de bancada del MAS, senador Hilarión Mamami, ratificó que hay avances, pero también consideró que ahora la solución “está en manos” del presidente nato de la Asamblea Legislativa.

Choquehuanca tiene que jugar “un papel importante”, insistió Mamani, quien forma parte del bloque evista del MAS y quien, además, reiteró que los magistrados prorrogados “se tienen que ir”.

Los sectores sociales afines al expresidente Evo Morales mantienen un bloqueo indefinido de carreteras desde el pasado 22 de enero en demanda de la renuncia de los magistrados prorrogados y la inmediata convocatoria a nuevas elecciones judiciales.

Mediante su cuenta en X, el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, reiteró que “a la aprobación de la ley para convocar a las elecciones del Órgano Judicial, en el plazo más breve posible, se le debe agregar el cese de funciones de los magistrados prorrogados, cuyas funciones terminaron el 31 de diciembre de 2023”.

“También se le debe devolver a la Asamblea Legislativa Plurinacional su derecho Constitucional de interpelar a los ministros e incluso, si el caso aconseja, a censurarlos. Es nuestro deber recuperar la institucionalidad y credibilidad del Estado”, afirmó Morales en su cuenta en X./El Deber