Los analistas en materia económica y política describieron a los cooperativistas auríferos como la “nueva oligarquía minera” o los “nuevos ricos”, pero con una serie de privilegios que otorga el Gobierno central a costa del Estado. 

Este lunes 6 de noviembre, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol) y todas sus asociadas colapsaron la ciudad de La Paz con al menos 20 puntos de bloqueo y el cerco y vigilia en varias entidades estatales, algunas fueron atacadas por los movilizados. 

El analista Gonzalo Chávez comentó que es “la nueva oligarquía minera del oro mostrando su prepotencia”, a propósito de las movilizaciones que este lunes inició el sistema cooperativista aurífero y que ha provocado la paralización y ha colapsado la ciudad de La Paz.

Detalló que es un sector que llega a exportar 3.000 millones de dólares, pagan un impuesto del 2%, tienen presencia en las áreas protegidas que tienen una conservación especial y, además, contaminan los ríos en relación a la afectación por el uso del mercurio en la explotación del oro.

“Ahora los elefantes ricos vestidos de hormiguitas toman instituciones públicas. El Estado debe actuar”, sostuvo, para quien los “nuevos ricos de Bolivia” se quejan de que “el Estado no atiende sus demandas. Quieren MAS”, en relación a las exportaciones millonarias, contaminando ríos y pagando bajos impuestos.

José Gabriel Espinoza criticó que una vez más La Paz haya sido “tomada por grupos que solo buscan beneficios corporativos, sin importar el costo e impacto para la sociedad”.

“Eso es grave, pero más grave es que saben que para lograr sus objetivos sólo es cuestión de tiempo, porque al frente hay un gobierno débil, miope, torpe y, encima, en campaña electoral”, opinó en sus redes sociales.

Por su parte, el analista político Franklin Pareja manifestó que “Las autoridades no pueden negociar las demandas ecocidas, biocidas y genocidas de los mineros auríferos. ¿Qué rato se restablecerá el principio de autoridad? Ni un centímetro de las áreas protegidas para la minería, narcotráfico, tráfico de tierras, ganadería, agricultura y más”.

En octubre del año pasado, los cooperativistas mineros auríferos se movilizaron de la misma manera, colapsaron la ciudad y tras más de 14 horas de negociación, el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con ese sector en el ámbito tributario, es así que fijó un impuesto único al valor bruto de venta del oro de 4,8%.

“Se está creando un impuesto único que va a ser aplicable al valor bruto de venta de oro con una alícuota de 4,8%, norma que va a ser presentada y priorizada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, previo trabajo técnico consensuado”, informó en ese tiempo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

Añadió que se prevé una recaudación anual de $us140 millones y aclaró que el impuesto no se aplicará a otros minerales. “Es exclusivamente al oro como hay en otros países que también tienen esta modalidad de impuesto único”. Un monto mínimo respecto a las ganancias que obtienen.

Este lunes, los movilizados no solo bloquearon las calles y avenidas de la urbe paceña, también cercaron y establecieron vigilias en varias instituciones estatales. En el Servicio Nacional de Áreas Protegidas los mineros arrojaron piedras e impidieron la salida de los funcionarios públicos hasta altas horas de la noche y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera fue apedreada, la policía intervino con gases y arrestó a varios mineros.

ANF