El Senado ha aprobado una resolución destinada a garantizar la continuidad del proceso electoral judicial, evitando que futuras decisiones judiciales puedan obstaculizar o retrasar las elecciones. Con una amplia mayoría de más de dos tercios de los votos, esta medida busca asegurar que el cronograma electoral siga su curso sin interferencias.

La resolución del Senado surge como respuesta a una serie de recursos legales que han generado suspensiones recurrentes en el proceso electoral desde abril de 2023. La más reciente de estas acciones fue presentada por Margarita Medrano, una candidata descalificada, lo que resultó en la pausa del proceso de evaluación de méritos.

Esta decisión del Senado se tomó durante la sesión ordinaria número 107 del miércoles. Desde el martes 16 de abril, la evaluación de méritos de los postulantes ha estado detenida debido a una resolución de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, en respuesta a la solicitud de Medrano.

Mientras tanto, las comisiones encargadas de revisar los méritos de los candidatos han permanecido en un impasse indefinido hasta que se resuelva el recurso legal en una audiencia programada para este viernes. Durante este tiempo, se ha sabido que otros candidatos han presentado recursos adicionales para detener el proceso.

Es importante destacar que los recursos legales presentados por los candidatos son ejercicios legítimos de sus derechos en caso de considerar que se ha vulnerado su participación o que el proceso es injusto. Sin embargo, tanto los representantes del oficialismo como de la oposición han expresado su preocupación por lo que perciben como intentos de interferir en el proceso electoral.

Con el propósito de dar continuidad al proceso electoral, senadores de Comunidad Ciudadana (CC) han presentado una propuesta que fue aprobada durante la mencionada sesión del miércoles.

En paralelo, las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural han anunciado medidas legales contra los jueces que acepten los recursos legales que obstaculizan el proceso electoral, incluyendo acciones legales por prevaricación y resoluciones contrarias a la Constitución.

Por otro lado, según la Ley 1549 de Elecciones Judiciales, el plazo para la preselección de postulantes, que es de 180 días calendario, está a punto de vencer en 10 días. A pesar de esto, un proyecto de ley destinado a ampliar este plazo fue rechazado, aunque se espera que el tema pueda ser consensuado en futuras sesiones legislativas.