Una vez más, los plazos generan incertidumbre en el proceso de elecciones judiciales. A pesar de que la Ley 1549 estipula 80 días para la preselección, con un plazo que expira en 10 días, el avance del proceso se ha visto obstaculizado por recursos judiciales, poniendo en riesgo nuevamente la celebración de las elecciones.

Promulgada por el presidente Luis Arce el 6 de febrero, la Ley 1549 establece un período de 80 días para que la Asamblea Legislativa realice la preselección de postulantes, posteriormente convertidos en candidatos, para ocupar cargos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Consejo de la Magistratura.

Sin embargo, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ha detenido el proceso debido a un recurso de amparo presentado por Margarita Medrano, una de las postulantes inhabilitadas para el Consejo de la Magistratura. Esta suspensión ha dejado en suspenso la evaluación de méritos de 405 postulantes, a tan solo 10 días del límite legal.

El proceso electoral comenzó el 16 de febrero con la aprobación de la convocatoria y el registro de postulantes el 19 del mismo mes. A pesar del avance hasta la etapa de calificación de méritos, la suspensión judicial ha paralizado temporalmente el proceso.

Los plazos continúan avanzando sin una decisión por parte de la Asamblea Legislativa, y aunque algunos aseguran que la semana perdida en la calificación de méritos no representa un riesgo para la celebración de las elecciones judiciales, se advierte sobre posibles influencias externas que buscan detener el proceso.

El plazo legal de 80 días está próximo a su vencimiento el 10 de mayo, fecha en la que se espera que la Asamblea Legislativa emita una resolución aprobando la lista de 192 candidatos por dos tercios de votos. Posteriormente, esta lista debe ser enviada al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que deberá convocar y organizar las elecciones en un plazo de 150 días.

La situación actual guarda similitudes con la ocurrida en 2023, cuando el proceso electoral fue suspendido por mandato judicial, y más tarde, una sentencia del TCP dejó sin efecto las elecciones. Una nueva convocatoria fue requerida, postergando el proceso electoral.