La Cámara de Senadores aprobó la tarde de este miércoles, con modificaciones, el Proyecto de Ley 464 de Modificación al Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 y lo devolvió a la Cámara de Diputados para su tratamiento lo que demora en 20 días la llegada de recursos a  los municipios, gobernaciones y universidades públicas. 

Montenegro, horas antes, consideró de que hay un intento de “sabotaje” a la gestión económica del gobierno de Luis Arce por parte de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, presidida por el senador Hilarión Mamani, que aprobó el proyecto de ley, pero con ajustes, lo cual obliga a retornar el tratamiento del mismo a la Cámara de Diputados, cita una nota informativa de dicha cartera de Estado.

“Queda claro que es un sinsentido no aprobar inmediatamente la ley, cuando la Comisión del Senado envía la aprobación con modificaciones está planteando que esto vuelva a la Cámara de Diputados donde nuevamente habrá otra discusión en 20 días, (…) eso es un sabotaje; si la Cámara de Senadores acepta esta propuesta de proyecto con modificaciones, realmente le va a hacer un flaco favor a que los municipios, universidades, no cuenten (con los recursos que requieren)”, afirmaba el ministro.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Daly Santa María Aguirre informó que los cuatro artículos del proyecto de ley no se modificaron ni se tocó un “solo boliviano” a pesar de ser un presupuesto “centralista”, porque concentra en el Gobierno el 70% del presupuesto y el 30% para el resto de los niveles de Estado.

El diputado de la facción radical del MAS Ramiro Benegas aseguró que el proyecto modificatorio del PGE 2023 contiene disposiciones adiciones inconstitucionales porque pretende, a partir modificar algunas leyes, controlar las transacciones financieras de las personas.

"Al peor estilo del peor comunismo, (el Ejecutivo) pretende ahora subyugarnos a su poder. Yo pienso que la población debe estar alerta porque están queriendo hasta controlar nuestros gastos, controlar nuestras inversiones que tenemos que hacer, hasta para comprar un artefacto, una casita o un vehículo. (Si se aprueba sin modificaciones) tenemos que demostrar de dónde hemos sacado y adquirido (nuestro dinero)", declaró Benegas.

En el proyecto de ley, se establece adicionar un presupuesto consolidado por Bs 5.421 millones y, según información de Economía, de ese monto se destinará Bs 868 millones a los gobiernos municipales, Bs 353 millones a las universidades públicas y Bs 39 millones a las gobernaciones.