La Unión Europea se convierte en el primer organismo en establecer una regulación integral para la IA, con prohibiciones específicas y sanciones que pueden alcanzar los 35 millones de euros, mientras expertos destacan la necesidad de una "adaptación constante".

A partir de este jueves, la Unión Europea se convierte en el primer organismo del mundo en imponer un marco legal para regular el uso de la inteligencia artificial (IA). La legislación, diseñada para proteger los derechos fundamentales y mitigar los riesgos asociados con esta tecnología, establece límites claros y sanciones severas para quienes los infrinjan.

Fernando Cocho, analista de inteligencia, advierte que "va a ser muy complicado, lo que hoy se legisla, mañana es obsoleto". Esta preocupación resalta la rapidez con la que evoluciona la IA, cuestionando si esta ley será capaz de mantenerse vigente a largo plazo.

Por su parte, Amparo Alonso, catedrática de Inteligencia Artificial en la Universidad de A Coruña, destaca la importancia de la regulación: "Es importante tener una regulación y luego iremos adaptándonos a las situaciones que puedan aparecer". Alonso subraya que, aunque la normativa es un avance crucial, será necesaria una adaptación continua para enfrentar los nuevos desafíos.

La ley establece prohibiciones clave, como el uso de técnicas subliminales que puedan causar daño físico o psicológico, o la categorización de personas según sus creencias, raza u orientación sexual. También se prohíben los sistemas de vigilancia predictiva y el uso de IA para la selección de personal o para vigilar exámenes, especialmente si implica a menores de edad sin su consentimiento.

"No sé cómo van a eliminar las técnicas subliminales de internet", comenta Cacho, reflejando la complejidad de aplicar estas prohibiciones en su entorno digital en constante cambio.

Esta regulación se aplica a proveedores de servicios de IA y usuarios de la UE, mientras que las autoridades públicas de terceros países y los sistemas de seguridad nacional quedan exentos. Las multas por incumplimiento pueden ascender a los 35 millones de euros o al 7% del volumen global de negocio de la empresa infractora, lo que marca una postura firme de la UE en la supervisión de esta tecnología emergente.