El Tribunal Supremo de Justicia asegura operar con normalidad pese a la promulgación de la ley contra magistrados ‘autoprorrogados’

El martes por la tarde, Andrónico Rodríguez, senador del ala evista y presidente en ejercicio del Legislativo, promulgó la ley que cesa en sus funciones a los magistrados denominados ‘autoprorrogados’ del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Horas después, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un comunicado en el que aseguró que sus actividades jurisdiccionales y administrativas continúan desarrollándose con “absoluta normalidad”. El documento, publicado la noche del mismo día, respalda esta postura en la Declaración Constitucional Plurinacional N° 049/2023, de carácter vinculante según el artículo 203 de la Constitución Política del Estado.

“El Tribunal Supremo de Justicia aclara a la población y a los usuarios que sus labores se realizan con absoluta normalidad”, señala el comunicado oficial.

En ausencia del presidente del Estado, Luis Arce, y ante la delegación de funciones, Rodríguez asumió la titularidad del Legislativo y promulgó la ley con el objetivo de “restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188, 194 y 200 de la Constitución”. Según explicó, esta norma busca poner fin a las funciones de las autoridades judiciales cuyo mandato concluyó en enero de 2024.

Durante una conferencia de prensa, Rodríguez justificó su decisión como un paso necesario para frenar una presunta “desinstitucionalización” en el país. Subrayó además que su actuación está respaldada por la Constitución, que exige cooperación y coordinación entre los órganos del Estado.

“No puede una simple sala del TCP, con un abogado, determinar el destino de las instituciones, las normas y las funciones de las autoridades electas”, afirmó.

Tensiones políticas y críticas del arcismo

La promulgación de esta ley ha agudizado la tensión política. Por un lado, recientes decisiones del TCP, como el freno a las elecciones judiciales en cinco regiones, la inhabilitación de Evo Morales y el reconocimiento del congreso liderado por el arcismo, han sacudido el panorama político. Por otro lado, los partidarios de Luis Arce criticaron la decisión de Rodríguez, calificándola de ilegal.

Los arcistas argumentan que la promulgación carece de validez, ya que un fallo previo habría anulado dicho procedimiento. Además, enfatizan que no puede generarse un vacío de poder y que la vía adecuada para reemplazar a los magistrados es a través de elecciones judiciales.

En este contexto, Bolivia enfrenta un complejo escenario político y judicial que pone en tela de juicio la cooperación entre los poderes del Estado y la estabilidad institucional del país.