El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que, con excepción de la gestión 2020, las empresas públicas registraron utilidades continuamente entre 2007 y 2022 alcanzando un acumulado que asciende a Bs 49.791 millones.

“Esta información se da en el marco de la publicación de algunos medios de comunicación sobre un estudio realizado por la Fundación Vicente Pazos Kanki que afirma que las empresas públicas perdieron más de Bs 4.000 millones entre 2007 y 2022; sin embargo, esta afirmación no refleja la realidad de las cifras oficiales, mostrando datos sesgados que desinforman a la población boliviana”, aclaró esa cartera de Estado en un reporte.

Según el ministerio, en la gestión 2020, la economía boliviana sufrió un declive, producto de una mala gestión económica durante el gobierno de Jeanine Añez, que tuvo la intencionalidad de retornar al modelo neoliberal, con medidas orientadas a la paralización, cierre e intento de privatización de las empresas públicas.

Con esas acciones las empresas públicas sufrieron pérdidas económicas en dicha gestión. Sin embargo, con la llegada de Luis Arce al gobierno, en noviembre de 2020, se implementaron un conjunto de medidas, que reactivaron y reconstruyeron la economía boliviana.

Esas medidas permitieron la recuperación de las utilidades de las empresas públicas a partir del 2021, con las cuales se siguió contribuyendo a que el Estado continúe con el rol de redistribuidor de los recursos para el financiamiento de proyectos y políticas sociales.

“En ese marco, en 2022 se obtuvieron a Bs 1.314 millones de utilidades. Esto demuestra la capacidad que tienen las empresas públicas para generar excedentes que son reinvertidos en el fortalecimiento de las mismas empresas, cubren gastos de operación y son redistribuidos a la población mediante aportes a políticas sociales como el Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, entre otros”, afirmó Economía.

Señaló que las empresas públicas captan sus recursos propios, es así que los ingresos por ventas en 2007 alcanzaron a Bs 23.041 millones y en 2022 a Bs 52.817 millones, significando un incremento del 129%, lo que permite que cumplan con el pago de los compromisos contraídos por servicio de la deuda, contratos por insumos, entre otros, contribuyendo a fortalecer la actividad productiva del país, generando fuentes de empleo e ingresos para los bolivianos y bolivianas.

Por tanto, las empresas públicas son parte fundamental del Modelo Económico Social Comunitario Productivo porque generan excedentes económicos y utilidades que contribuyen a la dinamización la economía nacional y fortalecen el aparato productivo a través de la inversión pública y aportan al desarrollo económico y social del país.

Las empresas públicas tienen un papel esencial para mantener la estabilidad de precios y contribuir a la seguridad alimentaria de Bolivia, debido que a través de ellas se operativiza la subvención a los combustibles y de alimentos, esto permite que la población pueda acceder a productos con precios justos en el mercado interno, protegiendo de esta forma los bolsillos de las familias bolivianas.

Contribuyen a la industrialización

Por otro lado, las empresas públicas contribuyen a la industrialización con sustitución de importaciones, a través de la ejecución de proyectos de inversión, entre los que se destacan las plantas separadoras de líquidos (Río Grande y Carlos Villegas), que actualmente garantizan el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) al mercado interno; la Planta de Urea y Amoniaco; la ampliación de líneas de transmisión eléctrica; las plantas termoeléctricas, hidroeléctricas y los parques eólicos que permiten garantizar la seguridad energética del país.

También resalta la implementación de más de 130 plantas industriales que se ejecutarán rumbo al Bicentenario, como la Planta de Fertilizantes Granulados NPK; las plantas de biocombustibles en territorio nacional biodiesel 1, biodiesel 2 y Aceite Vegetal Hidrotratado (HVO); industrialización del litio (Planta Industrial de Carbonato de Litio).

Además de la Planta Siderúrgica del Mutún; las plantas de refinación de zinc; industria farmacéutica; industria de la química básica; plantas de industrialización, transformación, centro de acopio y almacenamiento de papa, cereales, almendras, frutos, aceites vegetales, lácteos, agroinsumos, fertilizantes, productos cárnicos, entre otros.

También están las plantas piscícolas, fabricación de vidrio plano, entre otros; las cuales permitirán diversificar la economía nacional, mejorar la productividad, generar fuentes de empleo y mayores ingresos para el país.

“En este contexto, el mencionado informe carece de fundamento técnico, toda vez que queda demostrado que las empresas públicas nacionales tienen capacidad para generar ingresos y utilidades, lo cual permite que cumplan de manera oportuna con sus obligaciones financieras; asimismo, son el actor fundamental del Modelo Económico Social Comunitario Productivo que contribuye al desarrollo y crecimiento económico sostenido del país”, aseveró el ministerio.

ABI