Expresidentes condenan enérgicamente la extensión de mandato del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para los magistrados y consejeros del Órgano Judicial, además de la declaración de inconstitucionalidad del proyecto de ley destinado a desbloquear el sistema judicial.

Los exmandatarios se unieron al rechazo generalizado hacia la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de prolongar los mandatos de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial. Utilizaron términos como "sombrío precedente", "atentado contra la democracia", y denunciaron la prórroga como "ilegal y contraria a la Constitución", llegando incluso a demandar un juicio de responsabilidades.

Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente de la Corte Suprema de Justicia y actual Tribunal Supremo de Justicia, expresó su desacuerdo a través de sus redes sociales. Criticó la Declaración Constitucional 049/23, calificándola como ilegítima e inconstitucional. Rodríguez Veltzé argumentó que el TCP no preservó la supremacía de la Constitución al retrasar sin justificación el tratamiento de recursos y consultas, lo que afectó el ejercicio oportuno de la función legislativa. Además, señaló que la decisión del TCP no aseguró la vigencia de los Derechos y Garantías Fundamentales al limitar el derecho ciudadano de configurar el órgano judicial y restringir la obligación del Estado de garantizar una justicia imparcial para el ejercicio de los derechos y libertades. 

Asimismo, indicó que el TCP excedió su competencia al extender su propio mandato, violando explícitamente las limitaciones constitucionales, lo que resulta en la nulidad de actos que usurpan funciones fuera de la ley. También resaltó que el TCP no consideró los conflictos de interés, contraviniendo la prohibición establecida en la Constitución Política del Estado (CPE), lo que supone un grave precedente que desestima al legislador constituyente y debilita la democracia. 

Carlos Mesa, expresidente y líder de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), compartió un video y un mensaje en su cuenta de redes sociales donde condenó la acción del TCP como un golpe a la democracia, al Estado de derecho y a la CPE. Hizo un llamado urgente al poder legislativo para iniciar un juicio de responsabilidades contra los responsables de lo que considera un verdadero atentado. 

Evo Morales, otro expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), también rechazó la prórroga de mandatos de las máximas autoridades judiciales y del TCP, calificándola como un atentado a la democracia y al voto del pueblo. Morales criticó la decisión del TCP de prolongar sus funciones hasta la celebración de elecciones judiciales, alegando que esta acción es ilegal y contraria a la Constitución, lo que daría lugar a un Órgano Judicial y un TCP de facto a partir de enero.

Morales culpó al Gobierno Nacional por la situación, afirmando que su paralización de la convocatoria a elecciones judiciales, a pesar de ser aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado Nacional, incumple su mandato y las recomendaciones de organismos internacionales. Además, insinuó que esta medida busca proteger al gobierno de posibles controversias constitucionales relacionadas con el censo de 2024 y encubrir actos de corrupción, considerándolo un fracaso en la elección popular de las autoridades judiciales y en la transformación real del sistema judicial con el fin de marginar al MAS-IPSP.