Después de que una decisión judicial determinara que el exviceministro Carmelo Valda fuera enviado a la cárcel de San Pedro por un período de cinco meses, el mismo decidió apelar dicha decisión. Su abogado argumentó que la Fiscalía no pudo demostrar las acusaciones de sobornos que supuestamente habría recibido en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), ya sea a través de recibos o chats. 

El jurista Sergio Rivera declaró que la imputación por legitimación de ganancias ilícitas era injustificada. "Si se analiza el caso, que se trata de sobornos, esto implicaría cohecho. Mi cliente no posee ni un solo recibo de dinero ni un solo chat que pueda respaldar dichas acusaciones". 

Actualmente, Valda se encuentra recluido en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, hasta el próximo domingo por la tarde. Rivera agregó que aún no se sabe cuándo será trasladado a la cárcel de San Pedro, pero aún mantienen la esperanza de que la justicia le permita defenderse en libertad. 

Para lograr esto, el exviceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico apeló la decisión de la jueza Lorena Camacho. Valda fue arrestado el viernes cuando acudió a declarar ante el Ministerio Público, ya que se había emitido una orden de aprehensión en su contra. 

La detención tuvo lugar después de la declaración de una testigo clave en el caso de sobornos en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Claudia C., quien también implicó a otras cinco personas, incluyendo a Valda y al coordinador administrativo Ricardo Bernal. 

El exviceministro afirmó no conocer a Claudia C., quien también está siendo investigada por la Fiscalía. "Me he presentado voluntariamente con el fin de aclarar estas calumnias en mi contra, me defenderé", dijo mientras era trasladado a las celdas de la FELCC. 

El Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción solicitó a la Fiscalía que amplíe la investigación contra Valda, específicamente por el delito de enriquecimiento ilícito. Además, se ha emitido una orden de aprehensión contra Bernal, el coordinador administrativo.