Según Ana Paola García, directora de la Casa de la Mujer, de cada 10 casos de violencia hacia la mujer que llegan a su institución, aproximadamente dos o tres están relacionados con disputas por asistencia familiar o violencia económica. En una entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, expresó su preocupación por el proceso "tortuoso" que enfrentan las mujeres al solicitar el pago de asistencia familiar, debido a los cobros irregulares por parte de la policía y los jueces en cada etapa legal.

García destacó la vinculación de estos casos con violencia psicológica y económica, y mencionó que algunas madres pierden hasta el 50% del monto total debido a gastos en trámites, notificaciones y pagos ilegales a la policía. También compartió un caso en el que la asistencia familiar no se pagó durante ocho años, planteando la preocupación sobre quién asume la responsabilidad durante este tiempo por el bienestar de los niños involucrados.

Por otro lado, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, resaltó que el proceso de liquidación de asistencia familiar puede derivar en reproches, acoso, chantajes sexuales e incluso feminicidios. Apuntó que muchas mujeres que reclamaron por su cuenta terminaron siendo víctimas de feminicidio.

Cruz subrayó que hay al menos 32,000 casos de incumplimiento de pago de asistencia familiar cada año en los juzgados, lo que representa un número significativo de familias que buscan recordar a los progenitores sus obligaciones familiares.

Para abordar esta problemática, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó una ley el 31 de enero que busca endurecer las medidas contra los deudores de asistencia familiar. La normativa busca establecer un registro de deudores y garantizar un seguimiento efectivo del pago oportuno de las cuotas