La CEPB asegura que el contrabando 'socava' el Estado de derecho y propone coordinación para enfrentarlo

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, declaró este martes que el contrabando está “socavando” el Estado de derecho y debilitando la confianza en las instituciones democráticas, al fomentar la corrupción y facilitar prácticas ilícitas.

Ortuño realizó estas declaraciones durante la inauguración del IX Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticorrupción (ALAC), que se celebra el 2 y 3 de julio en Santa Cruz y cuenta con la participación de 150 delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Perú.

En su intervención, Ortuño subrayó que la lucha contra el contrabando es un “objetivo esencial” para las empresas, ya que su éxito puede determinar su supervivencia o colapso. Añadió que “para derrotar al contrabando no basta solo con el cumplimiento normativo, sino que es necesario fortalecer nuestras instituciones democráticas y promover la transparencia”.

Asimismo, propuso la creación de un modelo de colaboración estrecha entre las entidades públicas y privadas, argumentando que este problema “no puede ser abordado de manera efectiva por un solo sector” y requiere voluntad política, acciones concretas, solidaridad y cooperación a todos los niveles de la sociedad. “Solo con una plena conjunción de voluntades y acciones podremos generar impactos reales y sostenibles”, afirmó.

El IX Encuentro de la ALAC, organizado conjuntamente por la CEPB y la Asociación de Empresarios de Colombia (ANDI), cuenta con la presencia de la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, y presidentes de varias Cámaras Nacionales y federaciones departamentales, entre otros.

La agenda del evento incluye conferencias, ponencias y paneles con expertos y autoridades gubernamentales, en los que se abordarán temas como el contrabando y su relación con el crimen organizado, la regulación del comercio digital, la facilitación del comercio internacional, el contrabando transfronterizo, la inteligencia artificial, entre otros.

La ALAC estima que anualmente el contrabando en Latinoamérica mueve más de 210 mil millones de dólares, lo que representa el 2% del PIB regional. En Bolivia, un estudio de la CEPB estimó que, en 2017, este delito ascendía a 2.500 millones de dólares anuales, aunque investigaciones recientes indican que ha superado los 3.000 millones de dólares.