El expresidente Evo Morales defendió al exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, y cuestionó su extradición a Estados Unidos, abogando por una investigación dentro del territorio boliviano.

Morales aseguró que la decisión de extraditar a Dávila responde a un acuerdo entre el presidente Luis Arce y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “La viabilidad de la extradición de Dávila es un acuerdo entre Luis Arce y el Tribunal Supremo de Justicia. El ministro Siles presionó a los autoprorrogados para ampliar el pacto de impunidad”, escribió el exmandatario en sus redes sociales.

Decisión del TSJ

El TSJ autorizó la “extradición inmediata” del exjefe antidrogas tras revisar la documentación y pruebas enviadas por vía diplomática. Según el presidente del tribunal, Marco Jaimes, la decisión fue respaldada por siete magistrados, mientras que dos votaron en contra.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó el jueves que ya se iniciaron los trámites para ejecutar la extradición. Incluso mencionó la posibilidad de que Estados Unidos envíe un avión para el traslado de Dávila.

Antecedentes del caso

Maximiliano Dávila fue detenido el 22 de enero de 2022 cuando intentaba cruzar la frontera hacia Argentina por Villazón. Inicialmente, el Ministerio Público lo acusó de ganancias ilícitas, extendiendo la investigación a sus familiares y colaboradores. Aunque no se incluyó el delito de narcotráfico en el proceso, tampoco se descartó.

Por su parte, Morales insistió en que cualquier indagación debería realizarse en Bolivia. “Por soberanía, cualquier investigación debe llevarse a cabo en territorio nacional y bajo la jurisdicción de nuestros juzgados, no entregada por motivos políticos”, afirmó.

Implicaciones internacionales

La Administración para el Control de Drogas (DEA) identificó a Dávila como uno de los principales líderes del narcotráfico en la región. Según investigaciones realizadas desde 2019 en Bolivia, Perú y Colombia, se descubrió una red de tráfico de cocaína, con rutas hacia Estados Unidos, que también incluía el contrabando de otras sustancias ilícitas.

Esta extradición pone en el centro del debate la soberanía judicial de Bolivia y los acuerdos internacionales en la lucha contra el narcotráfico.