El retorno a la pesadilla neoliberal
El 15 de noviembre de 2019, en la misma noche en que
Jeanine Áñez posesionaba a su gabinete, su flamante ministro de Economía
declaraba que las exportaciones serían liberadas. ¿O sea que la gran
movilización ciudadana, la participación de los jóvenes no era para respetar el
21F, para salvar a la democracia, para combatir el fraude electoral sino para
favorecer al empresariado? El anuncio no quedó en promesa; el 24 de enero de
2020 se dictó el Decreto Supremo 4139 liberando efectivamente las
exportaciones. En diciembre de 2020, el recientemente posesionado Gobierno
presidido por Luis Arce decidió abrogar esta norma y otras más (DS 4417), por
considerar que iban “contra los lineamientos del Modelo Económico Social
Comunitario Productivo que garantiza la seguridad alimentaria”.
Pero ahora el mismo Gobierno ha decidido dar vuelta
atrás. Ha anunciado públicamente que las exportaciones serán liberadas, lo que
quiere decir que ha decidido abandonar el modelo comunitario productivo. No es
la única medida. Después de dos reuniones con la plana mayor de los empresarios
privados, el Gobierno no ha firmado un convenio, sino un Diktat, que implica un
retorno franco al modelo neoliberal.
Otro de los puntos “acordados” es la subasta de diésel de
grandes compradores, medida que va abiertamente en contra de la Constitución
Política del Estado y del célebre Decreto Supremo de Nacionalización de
Hidrocarburos de 1 de mayo de 2006, normas que han impuesto el monopolio de
toda la cadena productiva de la industria petrolera, incluyendo la comercialización.
Ahora aparecerán grandes intermediarios desnaturalizando la política de
hidrocarburos que se impuso en Bolivia desde 2006. Parece que el Gobierno se
olvidó que el artículo 359 de la Constitución Política prohíbe vulnerar esta
normativa, bajo pena de considerarse traición a la patria.
Así también la promoción de la inversión privada de
biodiesel, un sueño del empresariado que ni siquiera la gestión de Añez se
atrevió a concederles, es otra de estas medidas que no han tomado en cuenta la
Ley 1098. No existe en ningún momento referencia alguna a la soberanía
alimentaria ni al abastecimiento del mercado interno. En tanto que la banda de
comisiones para las transferencias y giros al exterior, es una medida que sólo
beneficia a la banca en detrimento de los consumidores financieros.
Después de 18 años de retórica antineoliberal, el sueño
ha terminado. El retorno al modelo neoliberal ha comenzado y ha sido más fácil
de lo esperado: apenas dos reuniones. Mientras que a los sectores sociales
cualquier concesión, cualquier medida les cuesta sangre, sudor y lágrimas:
bloqueos, paros, persecución, represión y abuso policial. Las medidas han sido
saludadas no sólo por el empresariado sino por todas las expresiones de la
derecha, incluyendo sus analistas. Al parecer Bolivia ya ha encontrado a su
Milei: no tiene su carisma, su personalidad es desabrida, es un pésimo orador y
tiene bien recortado el cabello, pero es más eficiente a la hora de aplicar las
medidas neoliberales que levantarían la envidia del mismísimo Presidente de la
Argentina.
Mientras tanto los “dirigentes sociales” siguen durmiendo
el sueño de los justos, siendo su única preocupación aumentar el volumen a su
tejido adiposo y recibir algunas canonjías del Gobierno. La más clara expresión
de este sindicalismo corrupto es el autoprorrogado Juan Carlos Huarachi,
Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, incapaz de plantear un
pliego de peticiones en favor de su clase, de la clase trabajadora, a una
gestión que dice que es suya.
En tanto que el Gobierno hipócritamente ha hecho conocer
hace unas semanas un “Comunicado” (¿no era más propio aprobar un decreto?)
sugiriendo algunas medidas de austeridad. Nada más falso. La publicidad
gubernamental se ha vuelto frenética, todo, naturalmente, con recursos
públicos, con dinero de los contribuyentes, beneficiando a algunos medios y
algunos programas que le sirven como caja de resonancia.