Tremenda crisis, pero bellísima última oportunidad
La economía crece como las
políticas y los políticos le permiten (o la obligan). Hoy, todo sugiere que el
modelo vigente está agotado y que nos lleva a su crisis terminal. Más allá de
las serias dificultades económicas que deberemos enfrentar, están también la
desinstitucionalización, la pérdida de valores (sociales, éticos y humanos), y
una larga lista de estigmas malignos que han desnaturalizado la esperanzadora
reserva moral de la humanidad que se nos ofreció.
Pero, como toda crisis, ésta
es una inmejorable oportunidad para romper las cadenas que nos atan al
extrativismo rentista. Tras casi 20 años del gobierno del MAS, hemos llegado a
un punto en el que el “modelo” –que debía durar 500 años, se desinfló en 10
porque a nadie se le ocurrió alimentar a la gallina de los huevos de oro. Y,
¡finalmente! –bendito sea Dios diría mi abuela, no hay un Plan B para incubar
otra gallina ponedora.
Siguiendo la línea
discursiva oficial y las propuestas de muchos reconocidos profesionales sobre
las alternativas para sustituir los ingresos del gas, se plantea acelerar la
industrialización del litio, formalizar la explotación del oro, iniciar la
explotación de las importantes reservas de plata certificadas en Potosí,
desarrollar el turismo, atraer a las más grandes transnacionales tecnológicas
para que aprovechen nuestras ventajas naturales, y un largo etc.
Pero nada de esto resuelve
los crecientes problemas de pobreza y precarización laboral que nos están
relegando a los últimos lugares del desarrollo en América Latina y el mundo.
Por ejemplo, en Litio ya hemos (mal)gastado más de 1.200 millones de dólares en
tecnologías que no servirán (digamos, para ser generosos, que no son las
mejores), y buscamos ahora un nuevo proceso que permita, finalmente, entrar a
un mercado en el que deberíamos haber sido actores centrales hace cuando menos
un par de décadas. Incluso teniendo éxito con el proceso de extracción directa,
con un precio de 50.000 dólares por tonelada, y una producción de 20.000
toneladas por año, el ingreso sería de mil millones de dólares y, el empleo
directo, no mayor a 2.000 personas: en comparación, hacia el 2013, las
exportaciones de gas generaron más de 6.650 millones de dólares.
Las otras opciones, con la
explotación del oro o la plata, aunque generarían rentas, atentarían contra la
naturaleza y no tendrían el impacto deseable y necesario en el bienestar
general de la sociedad porque, primero, atender necesidades en salud, educación
o seguridad ciudadana requiere tener recursos que no estén condicionados por
factores externos, y, segundo, porque la mayor demanda ciudadana es el empleo
digno, productivo y sostenible.
En consecuencia, la tarea
que tenemos como sociedad, es desarrollar las alternativas que incorporen cada
vez más ciudadanía a la creación de valor en condiciones de equidad social, y
de sostenibilidad económica y eco-ambiental. Bolivia ocupa el último lugar en
productividad laboral en Latinoamérica. Entre 2017 y 2022, en promedio, cada
año se incorporaron 220.000 personas al mercado laboral, con productividad
media de 5.000 dólares, aumentando el PIB en 1.100 millones de dólares anuales,
que se traduce en un crecimiento del orden del 3%.
Sin embargo, si Bolivia se
pusiera la meta de elevar la productividad laboral de la población ocupada en
el sector no extractivo (4.800 dólares), al promedio de la América Latina
(30.000 dólares) para un 3% de la población ocupada cada año (200.000
trabajadores), el aumento directo del PIB sería de unos 5.000 millones de
dólares que, por los efectos multiplicadores de la mayor capacidad de consumo
de los hogares, fácilmente podría superar 6.500 millones: respecto al actual
nivel del PIB (45.000 millones de dólares), significaría un crecimiento anual
del orden del 15%, es decir, niveles de crecimiento de la China en sus mejores
momentos.
Por supuesto, lograrlo no es
tan fácil como “soplar y hacer botellas”, pero el escenario plantea una
disyuntiva fundamental: seguir con la mirada fija en el extractivismo rentista
ya no es una opción “decente” para cuando menos 10 millones de personas, a cuyo
nombre los políticos siguen exprimiendo, en su beneficio propio, las riquezas
del país, mientras se condena a las familias a la auto-explotación laboral del
cuentapropismo obligado que el BM introdujo en los años 1980 bajo el eufemismo
de emprendedurismo, el gobierno se ufana en promover como medio para reducir el
desempleo, y los libertarios lo celebran como capitalismo popular.
Superar el extrativismo
requiere “patear el tablero” de los falsos debates que giran en torno a
indicadores como el déficit fiscal, la deuda pública, el tipo de cambio, la
cantidad de reservas, la justicia, el sistema tributario, etc., etc. En estos
debates, naturalmente, no hay una opinión compartida entre socialistas del
SXXI, neoliberales, libertarios o pos-keynesianos porque, ni la teoría
económica dominante es tajante, ni los defensores de una u otra opinión tienen,
más allá de preferencias o convicciones, criterios sólidos para defender el
valor en algún indicador, menos aún, para identificar las políticas específicas
que lograrían esos valores esperados, sin afectar o sin entrar en conflicto con
otros.
En síntesis, cada quién, en función
de preferencias, intuiciones o sesgos ideológicos, espera que el desempeño de
la economía se ajuste a “su preferencia”: están empecinados en que la realidad
se ajuste a sus expectativas teóricas (o ideológicas). Pero nadie se compromete
lograr un resultado social específico con el crecimiento económico por el que
abogan. Por eso es tan fácil enfrascarnos en discusiones bizantinas disfrazadas
de ideología, y por eso es tan difícil llegar a acuerdos, y por eso seguimos
girando vertiginosamente como perros tratando de morderse la cola, para
quedarnos estancados en la cola de la historia.
El enfoque que proponemos
desde hace 35 años, tiene hoy una verdadera posibilidad de, por lo menos, ser
compulsado contra las ideas dispersas que caen a la mesa: planteamos tomar como
el objetivo estratégico del Estado, la mejora sistemática de la productividad
laboral con metas concretas, verificables y enmarcadas en el tiempo, de manera
que, los desafíos y los problemas encontrados en el proceso, orienten el orden
de prioridades para ajustar la gestión pública, la institucionalidad, la
justicia, las relaciones Estado-empresa-empleado, las políticas comerciales,
las fiscales y tributarias, las competencias autonómicas, la óptima
distribución del ingreso, etc., mediante ajustes selectivos, sucesivos y
pertinentes para alcanzar los objetivos puntuales. Los temas medulares en todos
estos ámbitos los conocemos por décadas.
Naturalmente, para poner en
marcha tal proceso, la secuencia de las prioridades que se deberá seguir, implica
que, a corto plazo, habrá ganadores y perdedores –si por perdedor entendemos
“no estar en el primer puesto para recibir chupetes”. Pero la evidencia
continua de soluciones, y la eliminación de los problemas específicos que
enfrentemos para alcanzar metas de mejora de la productividad y la ampliación
de oportunidades de empleo digno, sin duda contribuirían a reducir la
conflictividad social y el enguerrillamiento político, porque serían evidentes
las mejoras de la economía y del bienestar compartido.
Bajo este enfoque, el nivel
del déficit, la tasa de inflación, etc., etc., constituirán solo unas
herramientas para la “sintonía fina” o el ajuste de las condiciones más
conducentes al logro de las metas de productividad. Si todos los años nuestra
economía crea sosteniblemente 200.000 empleos dignos, a nadie le preocupará si
el déficit es del 5%, la inflación de 10% y el tipo de cambio flota
plácidamente.
Finalmente, los “duros” del
MAS –tanto ideológica como políticamente, tienen las evidencias tangibles y
deben saber que su modelo se dirige al colapso total; si no lo ven, es que
nunca entendieron que es, para la gente, el vivir bien; pueden aferrarse a su
discurso, optar por seguir manoseando el Estado y sus instituciones, y recurrir
una vez más a la intimidación y al bloqueo como las soluciones por el desastre,
con lo que terminarían destruyendo lo poco de aparato productivo que queda.
Pero esta vez existe la posibilidad real de abierto rechazo social a esa
estrategia de imposición. Por el contrario, si tienen el suficiente sentido
común, la alternativa de ser parte de buscar soluciones reales y viables para
la gente, les permitiría un aterrizaje político suave, que ayudaría a quitar
gran parte de los estigmas que hoy mancillan los valores milenarios que, a
nombre de los pueblos originarios, se enarbolaron desde fines del Siglo XX.
Estamos, sin duda, ante una
bellísima y última oportunidad de corregir lo que hicimos mal, y hacer hacia
adelante las cosas bien, como se merecen nuestros hijos, y los hijos de
nuestros hijos. O, de lo contrario, cómo dice el célebre dicho, jodidos
estaremos todos, ...simplemente por cojudos.