La Policía Federal de Brasil desplegó este jueves una vasta operación contra aliados muy próximos del expresidente Jair Bolsonaro, entre varios ellos militares, por intentar un golpe de Estado para mantener al ahora ex presidente ultraderechista en el poder e impedir el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Por el mismo motivo, un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó al ex mandatario entregar su pasaporte en un plazo de 24 horas.

La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, que conduce las investigaciones en el alto tribunal sobre la trama golpista que, según las autoridades, actuó durante y después de las elecciones de 2022 para mantener en el poder a Bolsonaro.

Según la prensa brasileña, entre los objetivos del operativo están los exministros y generales del Ejército Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, que integraron el gabinete de Bolsonaro (2019-2022), y el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos.

También está siendo objeto de búsquedas el exministro de Justicia Anderson Torres, quien ya era investigado por la asonada golpista del 8 de enero de 2023 que protagonizaron simpatizantes de Bolsonaro, y Valdemar Costa Neto, el presidente del Partido Liberal (PL), que lidera el exmandatario brasileño.

¿Qué paso el 8 de enero de 2023?

El 8 de enero de 2023, un grupo de manifestantes partidarios del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asaltaron las instituciones gubernamentales en Brasilia, la capital del país.

Seguidores de Bolsonaro toman el Parlamento, en enero de 2023. Foto: EFESeguidores de Bolsonaro toman el Parlamento, en enero de 2023. Foto: EFE

Los manifestantes llegaron a Brasilia en autobuses y camiones desde diversas partes del país, convocados por Bolsonaro a través de las redes sociales.

Al llegar a Brasilia, los manifestantes se dirigieron primero al Congreso Nacional, donde rompieron las barreras de seguridad y entraron en el edificio. Algunos de ellos portaban pancartas y gritaban consignas en apoyo a Bolsonaro, mientras que otros se enfrentaron a la policía y a los guardias de seguridad.

Algunos manifestantes lograron llegar hasta el pleno del Congreso y causaron daños en el mobiliario y equipo. Mientras tanto, otro grupo de manifestantes se dirigió al Palacio del Planalto, la sede del gobierno brasileño. Allí, se enfrentaron a la policía y lograron entrar en el edificio, donde causaron destrozos y saquearon algunas oficinas. También intentaron llegar al despacho presidencial, pero fueron detenidos por la guardia de seguridad. También atacaron el palacio de Justicia.

La situación se mantuvo tensa durante varias horas, hasta que finalmente la policía y la guardia de seguridad lograron controlar la situación y desalojar a los manifestantes de los edificios gubernamentales

"Una organización criminal"

La Policía Federal sospecha que ese grupo de políticos y militares integraron una "organización criminal" que actuó "en la tentativa de golpe de Estado" para "mantener al entonces presidente de la República en el poder", según señaló la institución en una nota.

Fuerzas de seguridad se enfrenta a una multitud de seguidores de Bolsonaro en los hechos del 8 de enero. Foto: ReutersFuerzas de seguridad se enfrenta a una multitud de seguidores de Bolsonaro en los hechos del 8 de enero. Foto: Reuters

Los agentes cumplieron este jueves 33 órdenes de allanamiento, 4 de prisión y 48 medidas cautelares contra los investigados, que incluyen "la prohibición de mantener contacto" con el resto de sospechosos y de dejar el país; la suspensión de sus funciones públicas y la obligación de entregar el pasaporte.

La Policía Federal no especificó contra quiénes son las órdenes de prisión expedidas por la Corte Suprema.

La investigación apunta que el grupo investigado "se dividió en núcleos de actuación para diseminar" sospechas de fraude en las elecciones de 2022, en las que Lula venció a Bolsonaro, que buscaba la reelección, "antes incluso de la celebración de los comicios".

Según la Policía, con esa estrategia buscaban "legitimar una intervención militar".

Los investigados supuestamente construyeron una narrativa para sembrar dudas sobre el resultado de las elecciones por medio de informaciones falsas sobre las urnas electrónicas que el país usa desde 1996 en sus procesos electorales y que nunca dieron problemas.

De acuerdo con la Policía Federal, hubo un segundo núcleo de actuación que "consistió en la práctica de actos para subsidiar la abolición del Estado Democrático de Derecho, a través de un golpe de Estado, con apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente sensible".

Esos hechos culminaron con la asonada del 8 de enero de 2023. Lula había asumido el poder una semana antes.

Bolsonaro es investigado por este episodio por incitar a sus acólitos a tomar el poder por la fuerza./Clarín