El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, y el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, no descartaron acciones legales en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por emitir una sentencia para beneficiarse con la prórroga de mandato. 

Esta mañana, René Espada, magistrado del TCP, dio a conocer la resolución de la máxima instancia constitucional e informó que decidieron autoprorrogarse en sus cargos hasta que otras nuevas autoridades sean electas en comicios judiciales. El argumento que esgrimió fue que no se puede dejar sin “justicia” al pueblo boliviano a partir del 2 de enero; además, los funcionarios de bajo rango no pueden asumir los altos cargos del Órgano Judicial.

En respuesta, el presidente de la Cámara de Senadores ofreció una conferencia de prensa para rechazar el fallo por estar en contra de lo que establece la Constitución Política del Estado; además, por ser juez y parte para beneficiarse con la permanencia en el cargo.

“Esta declaración de la autoprórroga es totalmente inconstitucional. Es impermisible en Bolivia que, quienes debieran ser los guardianes del mandato y cumplimiento de la Constitución, hoy vulneren y pretendan beneficiarse con sus propios fallos. Dejo en claro que los magistrados que firmaron esta declaración constitucional con seguridad deberán ser responsables penalmente sobre aquellos actos y resoluciones contrarias a la Constitución”, advirtió Rodríguez. 

El presidente de la Cámara de Diputados indicó que el peor error que se cometió fue enviar a consulta constitucional el proyecto de ley 144 de la preselección y selección de candidatos al Órgano Judicial. Además, no descartó la posibilidad de asumir acciones en contra de esos magistrados, de ser necesario.

“Mientras nosotros no evaluemos técnicamente (el fallo), no vamos a emitir criterio. Si corresponde, por supuesto que sí, nosotros vamos a asumir acciones legales”, dijo Huaytari al ser consultado sobre si sería meritorio asumir acciones legales.

Bajo esa misma línea, otros legisladores de oficialismo y oposición también advirtieron que los magistrados podrían ser sometidos a un juicio de responsabilidades por resoluciones contrarias a la constitución y conseguir beneficios en razón del cargo.