“Entiendo que es un momento oportuno para relanzar las relaciones internacionales, poner las condiciones que tenemos con todos los Estados en el mundo, el Vaticano es un Estado, retomar el tema educativo y los controles que deben existir en los colegios regentados por la Iglesia Católica, ya sean directamente o por convenio, y evitar que se repitan los hechos atroces que hubo contra diferentes niños en el país”, explicó.

Chávez afirmó que la respuesta del Sumo Pontífice a la carta enviada por el presidente Luis Arce el 22 de mayo es “sustanciosa”.

Arce envió la misiva al papa luego que salieran a la luz pública una serie de denuncias de pederastias tras hacerse públicas las confesiones del extinto jesuita Alfonso Pedrajas, quien reveló que abusó sexualmente de al menos 85 menores y adolescentes, la mayoría en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba.

En la respuesta, el papa Francisco, además de expresar su “vergüenza y consternación” por los casos de pederastia cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica, manifestó al presidente su “firme deseo de responder con la promesa de la total disponibilidad de la iglesia para trabajar junto con el Gobierno de su país”.

Arce planteó la “revisión conjunta de los antecedentes de los sacerdotes católicos extranjeros que actualmente se encuentran en el Estado Plurinacional de Bolivia”, con el fin de impedir que sacerdotes con antecedentes de abusos sexuales contra la niñez y adolescencia ingresen a Bolivia.

También propuso revisar los acuerdos y convenios vigentes, y se concluya la negociación del ‘Acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Santa Sede’ que, además, deberá incluir recaudos para que no se repitan los hechos de pederastia.

Al respecto, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores tomará contacto con el Vaticano para establecer los mecanismos de trabajo conjunto sobre la revisión de antecedentes de los sacerdotes de la Iglesia Católica que estén en el país.

Chávez afirmó que los actos de pederastia no fueron “algo eventual, sino sistemático” y encubierto por las distintas jerarquías de la Iglesia Católica en Bolivia, por lo que “merece sanción penal”.

Para investigar estos hechos, el Gobierno nacional elaboró un proyecto de ley que plantea la conformación de la Comisión de la Verdad, con la participación de representantes de tres órganos del Estado.

El objetivo, de acuerdo con Chávez, es conocer las denuncias de las víctimas en todo el país garantizando su reserva, justicia y reparación “integral de los daños que se han ocasionado a estas víctimas durante tantos años, de esto que ha sido encubierto sistemáticamente por las cúpulas de la Iglesia Católica, de quienes han tenido un papel realmente horroroso de encubrimiento sistemático a esos hechos delictivos”.

La propuesta legal aguarda su aprobación en la Cámara de Diputados.