El Gobierno de Gabriel Boric le ha puesto esta semana suma urgencia al proyecto de reforma al sistema de pensiones en Chile, uno de los grandes pilares del programa de la Administración de izquierda. El país sudamericano lleva una década discutiendo el tema sobre el que no hay consenso en el Congreso, donde el oficialismo no tiene mayorías. La propuesta busca crear un nuevo seguro social, financiado a través de una cotización adicional del 6% a cargo de los empleadores. Los parlamentarios de derecha no han presentado una contrapropuesta en los ocho meses desde que se presentó el proyecto de ley, pero el destino de la cotización extra es una de las principales piedras de tope en las negociaciones.

La ministra del Trabajo, Jeanette Jara, ha anunciado que el proyecto se discutirá por partes, con el objetivo de abordar primero los aspectos que generan más consenso. El Ejecutivo quiere, por ejemplo, derogar el Decreto de Ley 3.500, el que supondría el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones, las AFP, los organismos privados que se han constituido desde 1981 en el pilar del sistema chileno, basado en la capitalización individual y pionero en el mundo. “Lo primero que se va a discutir son las normas espejo, es decir, aquellas que persisten en el DL. 3.500 en la reforma previsional”, sostuvo este miércoles la ministra Jara. “Nuestra propuesta original consideraba la derogación del DL 3.500, pero estamos disponibles para conversar. Nosotros no estamos aquí para darnos gustitos”, añadió.

El proyecto de ley apunta a solucionar uno de los problemas estructurales de mayor impacto en la calidad de vida de los chilenos: las bajas pensiones respecto del nivel de vida que tienen en su etapa activa. Para esto, el Gobierno de Boric propone un nuevo Sistema Mixto de Pensiones, que tiene entre sus principales objetivos mejorar el monto y cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU), elevándola a 250.000 pesos (313 dólares). La modificación de la PGU implica un aumento del gasto fiscal y pretende financiarse con lo que parte de lo que recaude con la reforma tributaria, otro de los pilares del Gobierno de Boric que está estancado en el Congreso tras el rechazo a la idea de legislarla el pasado marzo.

Otro aspecto clave de la reforma es el nuevo Seguro Social. Inicialmente, el Ejecutivo quería que el 6% extra a cargo de los empleadores se destinara íntegro al Fondo Solidario, pero la falta de apoyos los ha obligado a abrirse a la idea de discutir que un 4% vaya al Seguro Social y un 2% a la capitalización individual. La oposición, por su parte, plantea que sea a la inversa: 2% al Seguro Social y 4% a la capitalización individual. Los más críticos defienden que el 6% se destine a las cuentas del trabajador. La postura de la derecha se ha endurecido desde 2020, cuando el Gobierno de Sebastián Piñera propuso 3% y 3%.

La comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y Diputadas fijó un cronograma para la votación en particular de cada punto que contiene la reforma. La suma urgencia que le puso el Ejecutivo obliga a que el Senado reciba la iniciativa en un plazo de 15 días, prorrogable por otros 15. La propuesta de dividir el proyecto en varios puntos, que se votarán semana a semana, complejizan que la comisión logre despacharlo en el plazo establecido. Especialmente en clima de falta de acuerdos. “El único artículo que podríamos aprobar es el aumento de la Pensión Garantizada Universal a 250.000 pesos”, adelantó el diputado Frank Sauerbaum, jefe de la bancada de Renovación Nacional (RN), partido de la derecha tradicional.

Los parlamentarios de RN tienen previsto entregar al Gobierno una propuesta de reforma con el foco en la solidaridad intergeneracional de género y en incrementar la PGU según años cotizados, para fomentar la formalización del empleo. Según el borrador dado a conocer la noche del martes, también plantean elevar el 10% de la actual tasa de cotización a un 16%.

La ministra Jara celebró la disposición de RN a negociar con propuestas concretas y dijo que espera que otros partidos hagan lo propio. Los parlamentarios de la formación de derecha tradicional Unión Demócrata Independiente (UDI) no están dispuestos a votar a favor mientras el Ejecutivo no garantice en el proyecto de ley la propiedad de los ahorros de los trabajadores, su heredabilidad y que la cotización adicional vaya a sus cuentas individuales y tengan la libertad de elegir quién les administre sus fondos.

El debate se produce en un momento complejo para el Gobierno de Boric, donde la popularidad del mandatario ha bajado del 30% y el oficialismo enfrenta un escándalo que azota el Frente Amplio, el Caso Convenios./ EL PAÍS

VOCESPLUS