El Comité Impulsor de Justicia presentó un nuevo memorial ante la Fiscalía reiterando su exigencia de que se cite a declarar en calidad de sindicados a Carlos Mesa, Jorge “Tuto” Quiroga, Samuel Doria Medina y otros en el caso Golpe de Estado I.

“A fin de que el plazo previsto no pueda beneficiar a los sindicados de los graves hechos ocurridos en noviembre de 2019, en aplicación del artículo 92 del Código de Procedimiento Penal, solicitamos se cite a declarar en calidad de sindicados a Carlos Mesa Gisbert, Jorge Quiroga Ramírez, Samuel Doria Medina Arana, Ricardo Paz Ballivián, Waldo Albarracín Sánchez, Luis Revilla, Marco Pumari, Ricardo Centellas, Juan Carlos Núñez Vidaurre, Roberto Moscoso Balderrama y Eduardo León Arancibia”, señala parte del memorial.

En el documento, se rememora la crisis de 2019 tras la toma del poder por la exsenadora Jeanine Áñez, calificando esa época como “un pasaje nefasto de la historia de Bolivia, plagada de golpes de Estado, organizados e instrumentados por grupos de poder en el país, financiados y respaldados por corrientes conservadoras y fascistas de naciones vecinas”.

El Comité exhortó a la Fiscalía a no dejar en la impunidad los hechos luctuosos que saldaron con 38 víctimas mortales, más de 1.000 heridos y perseguidos políticos a manos de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares y parapoliciales, como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

Asimismo, señala a Mesa y otros como “autores y partícipes” de aquellos hechos violentos que dejó el gobierno ilegal de la exsenadora Áñez.

“Una vez sentada (Áñez) en Palacio Quemado procedió a posesionar a su séquito de colaboradores con los diferentes ministerios de su gobierno, más conocidos como el ‘Gabinete de la Muerte’ de forma también ilegal, en un clima de violencia organizada y planificada por grupos de poder desde la ciudad de Santa Cruz, que operaron con grupos delincuenciales como la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y la Unión Juvenil Cruceñista (UJC)”, remarca.

El caso Golpe de Estado I fue activado por la exdiputada Lidia Patty en 2020 por los sucesos de noviembre de 2019 cuando se provocó la renuncia de Morales y la asunción de la entonces senadora Áñez.

La exsenadora ahora permanece en la cárcel de Miraflores con una sentencia de 10 años en el caso Golpe de Estado II y una detención preventiva en el marco de las investigaciones del caso Golpe I.

En este caso también está incluido el excívico Luis Fernando Camacho, quien cumple una detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, ubicada en el municipio paceño de Viacha.

Se prevé que la Fiscalía presente este mes la acusación formal para ingresar al juicio oral.