La infantería de la jurisdicción argentina de Jujuy, en el norte del país, enfrenta con balas de goma y gases lacrimógenos a miles de manifestantes que protestan en la capital, San Salvador, después de que en la Legislatura se aprobase y jurase una reforma parcial de la Constitución provincial, cuestionada por afectar el derecho a la protesta social.

Los agentes lanzan balas de goma a varios individuos que tiran cascotes y piedras contra los uniformados, según puede apreciarse en las imágenes de los medios de comunicación presentes, como TN y C5N.

Docentes, comunidades indígenas, organizaciones sociales, políticas y sindicales se manifestaban este martes frente a la Legislatura, donde la Convención Constituyente, integrada por representantes del Frente Cambia, liderado por Morales, y del Frente Justicialista local, avaló la reforma parcial que prohíbe los cortes de carretera como método de protesta.

Mientras transcurría la sesión, algunos manifestantes lograron acceder a la Legislatura y prendieron fuego algunas instalaciones, así como automóviles apostados en las cercanías del edificio.

El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial dentro de la principal alianza opositora, Gerardo Morales, que encabezó la sesión en la Legislatura, acusó al presidente de Argentina, Alberto Fernández, y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de «la extrema violencia» que afecta a la provincia y responsabilizó también al Frente de Trabajadores de Izquierda (FIT).

«Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional», replicó el jefe de Estado en las redes sociales.

Fernández advirtió que la reforma promovida por el gobernador jujeño «desatiende acuerdos internacionales, no escucha a los pueblos originarios y niega el derecho a la protesta».

El presidente exhortó a que cese la represión de manera inmediata y exigió a la gobernación de Jujuy que convoque a «todos los actores sociales jujeños a encontrar caminos de diálogo para superar la controversia que ha creado».

«El Gobierno nacional respeta el federalismo y los resultados electorales locales, pero debe garantizar la convivencia y el respeto a los derechos humanos», enfatizó Fernández.

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, también rechazó la represión ordenada por el gobernador jujeño, e instó a que se haga cargo «y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado».

«Lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe», sentenció Fernández de Kirchner en las redes sociales.

La exmandataria recordó el paso de Morales por el Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), que en 2001 decretó el llamado «corralito» (con el que se restringió la retirada de efectivo de los bancos), declaró el Estado de sitio y provocó el estallido social que terminó con su renuncia, y lo responsabilizó «del asesinato de 38 argentinos», en referencia a la cifra de personas muertas a manos de la policía durante las protestas de fines de ese año.

«Pareciera que la represión salvaje está en su ADN», reprochó.