TCP dilata notificación y anuncian juicio por “jugadas” para mantenerse en el cargo
En un polémico fallo emitido
el pasado lunes, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) retrasó la
notificación a la Asamblea Legislativa sobre su decisión de anular tanto el
reglamento como la ley para las elecciones judiciales. Esta dilatación fue interpretada
por algunos como una nueva estrategia para estabilizar sus cargos, informa Ahora el Pueblo.
La presidenta de la Comisión
Mixta de Constitución del Legislativo, Patricia Arce, expresó su disgusto ante
esta maniobra y dijo que se trata de una "jugada" para prorrogar sus
mandatos. Además, reprochó a ciertos asambleístas por prestarse a este juego.
El fallo del TCP, conocido
como sentencia 60/2023, declaró la inconstitucionalidad del reglamento que
preseleccionaba candidatos para los tribunales y también dejó sin efecto la Ley
1513 del 5 de junio de 2023, que garantizaba las elecciones judiciales
programadas para diciembre de este año.
Esta decisión fue una
respuesta a la demanda interpuesta por el diputado de la opositora Creemos,
Leonardo Ayala, que previamente había ocasionado la paralización de la preselección
de candidatos en abril.
La presidenta de la Comisión
Mixta sostiene que la intención de los magistrados es clara: “Ellos quieren
mantenerse en el cargo”, a pesar de que la Constitución establece que deben ser
elegidos por el pueblo mediante votación.
“Que lo sepa el pueblo, aquí
hay un intento de prorrogarse, esto significa un golpe a la democracia, un
golpe a la institucionalidad del Órgano Judicial”, denunció Arce, quien luego
anunció un proceso ordinario y un juicio de responsabilidades por entorpecer el
trabajo legislativo, cuando está por encima la CPE, que manda que se realice la
elección de magistrados en el país.
El diputado del MAS, Santos
Mamani, se unió a las críticas y expresó su intención de formar una Comisión
Mixta para llevar a cabo un juicio de responsabilidades contra los magistrados
del TCP. No solo por trabar las elecciones, sino por ampliar el mandato del
régimen de Jeanine Añez.
Además de la demora en emitir
una sentencia, se ha cuestionado el fallo del TCP que insta a la Asamblea a
aprobar una ley para las elecciones judiciales, pero con la condición de
obtener dos tercios de aprobación, en lugar de usar simplemente un reglamento.