Tras la gresca en Chonchocoro, que según un reporte policial dejó a policías heridos, políticos de la oposición pidieron al Gobierno central garantizar la seguridad del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Uno de los que se manifestó, fue el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien considera “intolerable” la represión a la que es sometido Camacho por el presidente Luis Arce y el ministro Eduardo Del Castillo.

“El Gobernador Fernando Camacho, como preso político, no puede seguir encarcelado, y menos en un centro penitenciario donde su integridad personal y su seguridad no se puede garantizar”, escribió Mesa en las redes sociales.

Según la Policía la gresca se produjo entre un grupo de privados de libertad y como resultado algunos custodios policiales fueron agredidos, por lo que se tuvo que enviar equipo antimotines con agentes químicos para controlar la situación y restablecer el orden dentro de estos bloques.

El empresario y excandidato a la vicepresidencia, Samuel Doria Medina se sumó al pedido de garantías para la integridad y seguridad del gobernador.

“Me sumo al pedido del pueblo cruceño al gobierno: que garanticen su seguridad y que lo comuniquen con su familia. Camacho no debería estar en un penal de alta seguridad por motivos políticos. Este es un agravio a la democracia”, dice parte de su publicación.

De la misma manera, el senador de Henry Montero responsabilizó al Gobierno de Luis Arce por cualquier hecho que afecte la integridad de Luis Fernando Camacho.

“Exigimos garantizar la seguridad y la vida del Gobernador @LuisFerCamachoV, secuestrado y preso político del régimen del MAS, el gobierno de Luis Arce y su ministro de Gobierno serán responsables de cualquier hecho que afecte la integridad del Gobernador de Santa Cruz”, escribió Montero.

Tras el conflicto en Chonchocoro, se procedió con la evacuación de los visitantes, al igual que los familiares de los reos que se encontraban pernoctando y que fueron puestos a buen recaudo.

Ante la situación, desde la misma cuenta de redes sociales se emitió un pronunciamiento en el cual indicaban que la seguridad de la autoridad cruceña estaba en peligro.